La segunda fase de la operación policial 'Heracles', encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, incluye un total de ocho detenciones, 45 imputaciones y nueve registros, según ha anunciado en Sevilla la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo.

Las actuaciones, protagonizadas por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han extendido por las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como por Madrid, Segovia y Barcelona, según la Benemérita.

En declaraciones a los periodistas, Crespo ha subrayado que cinco de los "numerosos" registros acometidos, que podrían seguir prolongándose a lo largo de la jornada —la operación, iniciada desde tempranas horas de este martes, sigue abierta y, de hecho, no se descartan nuevas detenciones— se han llevado a cabo en Sevilla, mientras que las actuaciones permiten establecer que a partir de este momento "parece que se va a imputar a unas 45 personas". "Es una cuestión muy relevante", ha indicado.

La UCO, que es quien dirige el operativo junto con otras unidades del Instituto Armado, ha desplegado una acción en la que "hay muchas provincias implicadas, también de fuera de Andalucía", incluyendo requerimientos a diferentes sucursales bancarias. Todo ello, ha añadido la delegada del Gobierno en Andalucía, deriva de la documentación requerida en la primera fase de 'Heracles'.

Al hilo de esta operación, que asume el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla —ente judicial responsable de las diligencias que han propiciado la nueva intervención—, Crespo ha destacado el "estupor" y la "mucha tristeza" con que la comunidad ve cómo "el tema sigue creciendo y siguen existiendo operaciones como ésta". Y es que el caso "tiene muchísima enjundia; cada vez que ocurre una siguiente fase, a todos nos llena de tristeza que Andalucía aparezca en los medios de comunicación nacionales por temas como éste".

La Guardia Civil, de su lado, alude a nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados. Estos nuevos actores se enmarcan en los ámbitos de "irregularidades" en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones y empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.

Igualmente, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.