La Generalitat catalana iniciará un proceso judicial contra Castor por los seísmos en Tarragona

  • El conseller de Interior de la Generalitat catalana abrirá el proceso judicial.
  • Para Ramon Espadaler, la reunión con el Ministerio de Interior "no ha servido".
  • No han sido convocados los alcaldes de los municipios de las Terres de l'Ebre.
Momento de la marcha que la Plataforma en defensa de las Tierras del Sénia ha convocado en Les Cases D'Alcanar (Tarragona) para mostrar el rechazo de los municipios de las Tierras del Ebro y del norte de Castellón al proyecto Castor.
Momento de la marcha que la Plataforma en defensa de las Tierras del Sénia ha convocado en Les Cases D'Alcanar (Tarragona) para mostrar el rechazo de los municipios de las Tierras del Ebro y del norte de Castellón al proyecto Castor.
Jaume Sellar / EFE

El Govern de la Generalitat tirará hacia adelante el proceso judicial contra la planta Castor. Lo ha asegurado el conseller de Interior, Ramon Espadaler, quién también ha confirmado que la Generalitat presentará un requerimiento vía judicial a la empresa. Espadaler cree que "no se está dando toda la información de que se dispone". También ha lamentado que no estuvieran presentes los alcaldes de las Terres de l'Ebre, que "no han sido convocados" por el ministerio.

El municipio de Alcanar exigirá en un pleno extraordinario el próximo miércoles para exigir el desmantelamiento de la planta de Castor.

presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha dicho este lunes que el almacén de gas Castor no volverá a la actividad mientras no se garantice que no se van a volver a producir movimientos sísmicos con la consiguiente alarma para la población.

Fabra se ha expresado así en declaraciones a los medios, tras asistir a una reunión en el Ministerio de Industria con el titular del departamento, José Manuel Soria; el consejero de Interior catalán, Ramon Espadaler; el presidente de la Diputación de Castellón, Xavier Moliner; y los alcaldes de Benicarló, Vinaroz y Peñíscola, entre otros. Espadaler ha admitido tras el encuentro que "la reunión no ha servido de nada".

"O se tiene la absoluta seguridad de que no se van a generar movimientos sísmicos y alarma entre la población o si no esa planta no se puede abrir", ha subrayado Fabra, tras comentar que la reunión había sido "muy positiva". El presidente valenciano ha destacado la necesidad de estar todas las administraciones en contacto con el Ministerio de Industria para poder así "compartir" los trabajos e informes que se están elaborando.

Dar tranquilidad a la ciudadanía

Asimismo, ha comentado que es necesario dar "seguridad y tranquilidad" a los ciudadanos y ello se consigue, según Fabra, "sabiendo que no se va a reanudar ningún trabajo hasta que no haya los informes pertinentes que aseguren que no se van a producir movimientos sísmicos en el entorno donde están las instalaciones". "Hasta que no esté absolutamente garantizado que no va a haber problemas con la población no se van a poner en marcha dichas instalaciones", ha recalcado.

Asimismo, ha comentado que hasta el momento sólo saben que los trabajos en la planta de gas están paralizados y que los expertos están reunidos para analizar la causalidad entre la puesta en marcha del servicio y los movimientos sísmicos.

En cualquier caso, Fabra ha comentado que en las últimas horas el plan de efectos sísmicos ha señalado que los movimientos en la zona están siendo de "intensidad baja".

Información permanente a la población

Preguntado si considera que se está transmitiendo la información suficiente, Fabra ha dicho que los ciudadanos deben estar informados permanentemente y el Ministerio de Industria y el Instituto geológico deben generar la "mayor confianza en la ciudadanía".

Ha añadido que habrá cuestiones técnicas que tengan repercusión jurídica de las que a lo mejor no se pueda informar, pero "trasmitir información a los ciudadanos para garantizar su seguridad es una obligación", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Xavier Moliner, ha comentado que en la reunión de este lunes se ha logrado el objetivo perseguido que es "garantizar" que Castor no se va a poner en marcha mientras no haya una garantía del cien por cien para la seguridad de las personas.

Moliner ha dicho que su objetivo era "transmitir a los ciudadanos que pueden estar tranquilos" ya que "mientras no haya garantía de su seguridad no se pondrá en marcha la planta".

Industria asegura que trabaja "a contrarreloj"

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha asegurado este lunes que los expertos "trabajan a contrarreloj" para aclarar las circunstancias en que se han producido los seísmos en los alrededores del almacén subterráneo de gas Castor.

En declaraciones a los medios tras comparecer en el Congreso de los Diputados, Nadal ha subrayado que los técnicos han trabajado "sábado y domingo para instalar" equipos en las islas Columbretes, con el objetivo de precisar el epicentro de los seísmos. Sin embargo, todavía "no hay información definitiva" y "yo no quiero meter prisa a expertos para que den conclusiones equivocadas", ha señalado.

Nadal ha descartado cuantificar el impacto económico del posible cierre del almacén, porque "lo fundamental a corto plazo es establecer causas últimas" de la relación entre la inyección de gas y los movimientos, algo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya apuntó la pasada semana que es "muy probable".

La prioridad ahora es "garantizar la seguridad de la población", así como valorar los "daños físicos y también psíquicos que produce que haya temblores en una zona donde no había sismicidad", ha reiterado, y "una vez que esto este despejado, se verá qué responsabilidad hay o deja de haber".

Contactos entre el Gobierno y los alcaldes territoriales

Ha señalado además que este lunes Industria pondrá "a disposición de las administraciones" toda la información disponible "de manera más formal", aunque el Gobierno central está en contacto con los territoriales desde que comenzaron los seísmos.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los seísmos que se están produciendo en la zona y que han llevado incluso a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Provincial de Castellón.

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