El Ayuntamiento de Málaga ha lamentado que la Junta de Andalucía haya recurrido a los tribunales para anular el convenio de las llamadas 'tecnocasas', suscrito por ambas administraciones en 2005 para revitalizar los enclaves más deteriorados del centro. Pese a ello, no renuncia a renegociar el plan, pero siempre que la Consejería de Fomento y Vivienda cumpla dos requisitos: el pago de las expropiaciones realizadas y la propuesta de una alternativa que pase por la construcción de pisos protegidos en alquiler.

"No estamos dispuestos a que nos dejen unos solares vacíos". Así lo ha expresado a Europa Press el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, quien ha añadido que "IU —responsable ahora de la Consejería de Fomento y Vivienda— no puede apartarse sin más de la estrategia que se marcó con la firma del convenio en 2005". "El Ayuntamiento ha de defender los intereses de los malagueños y de la ciudad, por lo que estamos dispuestos a dialogar, pero hacia un camino", ha dejado claro.

Tras la presentación por parte de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, de un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por considerar este plan desvirtuado y, por tanto, inviable, Pomares ha advertido de que "el problema no es solo abandonar la idea en sí, sino que la abandona y no propone alternativas". "Su propuesta es salir corriendo y no afrontar ni los pagos ni que tiene unos solares vacíos", ha apuntado.

Viviendas públicas

"Si Izquierda Unida decide ahora que no apuesta por el modelo de las 'tecnocasas', pues teniendo en cuenta que dice que se preocupa por la gente necesitada, que al menos construya viviendas públicas en régimen de alquiler", ha manifestado, sobre todo cuando "en Málaga hay 6.000 inscritos en el Registro Municipal de Demandantes". Por ello, ha insistido en que "el Ayuntamiento no va a romper el convenio sin más".

En este punto, el edil del PP, quien ha recordado a la consejera Elena Cortés que "no solo es responsable de las cuestiones de fomento, sino también de vivienda", se ha preguntado "para qué quiere la Junta la Empresa Pública de Suelo de Andalucía". "Si no está construyendo nada, que la cierren", ha demandado.

Respecto a las expropiaciones realizadas, ha reiterado que se adeudan más de siete millones de euros —una cifra que no reconoce la Consejería— y "no a bancos, sino a ciudadanos normales, que tienen unos derechos adquiridos y a los que no podemos regatear ni expropiar gratis". "Estamos en un país democrático y no podemos quitar unos terrenos sin pagar por ello", ha señalado Pomares.

Por ello, ha subrayado que "IU no puede pretender ahora quitarse de en medio y dejarnos los solares vacíos". "No hace las casas previstas y encima se deshace de los terrenos; no acabo de entender qué política de vivienda es esa", ha concluido.