Francisco Javier Lendínez, exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella en busca y captura desde hace casi cinco años por el 'caso Malaya', ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas y puesto a disposición judicial, han informado fuentes de la Policía Nacional.

El arresto de Lendínez, adelantado por el diario La Opinión de Málaga, se produjo el pasado jueves en el aeropuerto cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trataba de un fugitivo de la justicia.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a su arresto en respuesta a la orden de detención cursada en diciembre de 2008 por el juez que investigó el caso Malaya, Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Málaga.

Pérez dictó esta orden al constatar que el que fuera concejal de Marbella por el GIL de 1999 a 2003 no se había presentado a firmar en el juzgado desde hacía dos meses, a lo que estaba obligado como medida cautelar impuesta por el juez. En esas fechas otros juzgados de Marbella, Instrucción 1, el 2 y el 3, también lo requirieron porque tenían causas contra él por asuntos urbanísticos.

Lendínez está imputado en el 'caso Malaya', en el caso Saqueo II —por el que la Fiscalía le pide 7 años de cárcel por malversación— y en varias causas de corrupción urbanística, y ya fue condenado en mayo de 2008 por un delito contra la ordenación del territorio.

En virtud de esta condena, el exconcejal del partido de Jesús Gil tenía que haber ingresado en prisión para cumplir una pena de nueve meses pactada con la Fiscalía, pero nunca llegó a hacerlo porque desapareció.

En el 'caso Malaya', Lendínez está imputado por cohecho tras una supuesta percepción de 18.000 euros pagados por el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

Lendínez fue miembro del equipo de gobierno del GIL hasta que la moción de censura contra el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, lo apartó del poder en agosto de 2003, momento en el que se mantuvo en la oposición. Según las fuentes policiales, la orden de detención contemplaba que tenía que ser puesto a disposición judicial en los juzgados de Málaga que lo reclamaban.