Un helicóptero de la comandancia de la Guardia Civil de Castellón ha aterrizado este viernes en la plataforma marina Castor, situada a unos 20 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y de la empresa Escal-UGS.

Los agentes pertenecen a la Guardia Civil y a la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del cuerpo, según fuentes próximas, y han aterrizado a la plataforma para hacer comprobaciones sobre su estado y verificar que la planta no está operativa. Según las fuentes, los agentes han llegado para "comprobar cómo se encuentra la plataforma y su funcionamiento".

El aterrizaje de este helicóptero coincide con el anuncio por parte de la Fiscalía de Castellón del inicio de las investigaciones penales sobre los terremotos registrados en los últimos días en las provincias de Castellón y Tarragona.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha remitido posteriormente un comunicado del fiscal jefe de Castellón en el que confirma que, "como primera e inmediata diligencia a practicar en el día de hoy, la fiscalía ofició a la Guardia Civil para que constatara la ausencia de actividad en la planta". "La Guardia Civil ha cumplido con la petición de la fiscalía, que entiende como primer elemento de seguridad para la población la ausencia de actividad, y ha constatado que, en efecto, no existe actividad alguna", añaden las fuentes.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes que los expertos han concluido de forma preliminar que hay una "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos de la zona.

Soria ha explicado que los expertos consideran que, a día de hoy, no es probable que se produzcan movimientos sísmicos "relevantes". No obstante, ha asegurado que "el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación".

Ha recordado que las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, han activado sus respectivos planes de sismicidad "en el nivel más bajo existente", el cero, lo que responde a que, "en opinión de los técnicos, la situación no es preocupante".

Asimismo, ha reiterado que la actividad de inyección de gas no se retomará mientras los técnicos no garanticen que se trata de una instalación segura para la población. Por el momento, "no se ha planteado que no abra nunca más", ha asegurado Soria, quien ha insistido que lo que está sobre la mesa es que la instalación no reanude su actividad hasta que se cumplan "cien por cien" las condiciones de seguridad para la población.

En este sentido, ha rehusado abordar quién cargará con el coste del almacenamiento si se cierra definitivamente y ha recordado que las instalaciones energéticas las pagan los usuarios vía recibo del gas o de la luz una vez entran en funcionamiento. En cualquier caso, el Ejecutivo ha encargado una auditoría externa para comprobar que el coste final del almacén coincide con el trasladado al Ministerio por la empresa concesionaria Escal UGS, controlada por ACS.