La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco (PP), ha dejado claro este viernes que no va entrar en realizar "juicios de valor" sobre el alta dada por el Hospital Virgen del Rocío a Pietr Piskozub, el joven de 23 años de nacionalidad polaca fallecido en el albergue municipal hispalense, y en cuyo juicio clínico apuntaba a que había "una problemática social, sin detallar a los servicios sociales municipales ningún tratamiento específico alimentario o con medicación".

A preguntas de los periodistas, De Pablo-Blanco ha explicado que al Ayuntamiento no le consta que este joven, que llevaba unos 16 meses en España y estaba buscando a su hermano", hubiera estado antes en el albergue o hubiera tenido contacto con los servicios sociales municipales.

Señala que el joven "había permanecido en el centro hospitalario desde las 00,30 a las 2,06 horas", momento en el que es "activado el personal de emergencias sociales del Ayuntamiento, que toma la decisión de darle alojamiento en el albergue municipal, siendo el resultado final que fallece a las 14,00 horas en una butaca de un salón para el descanso de las personas que acuden a estas instalaciones". Así, afirma que presentaba un "deterioro físico muy grande, muy desnutrido y deshidratado", siendo alimentado en el albergue con una papilla de leche y galletas "al ver que no se le puede dar el desayuno".

"El servicio médico está en el hospital, que acabada de intervenir y valorar la situación cuando éste llega al albergue, donde pasan muy pocas horas hasta que muere. En el albergue no hay servicio médico, pero no es el albergue el que tiene que reforzar ese servicio porque son otras actuaciones las competentes, ya que nuestra obligación es dar esa cama y descanso a esa persona que no tiene a donde ir", concluye.

En este marco, señala que el personal del albergue ya ha presentado el informe sobre cómo se ha actuado ante lo sucedido, estando a la espera de los estudios forenses por si se requiere de nuevo al Ayuntamiento. De Pablo-Blanco, que no tiene constancia de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya llamado a los servicios municipales para interesarse por la situación, ha detallado que se ha llamado al Consulado de Polonia para buscar a la familia del joven. En este sentido, fuentes municipales informan a Europa Press de que si finalmente no se encontrara a la familia o no hubiera nadie que se hiciera cargo de él, el consistorio pagaría los gastos del entierro.

Cumplimiento de la normativa e intimidad

Sobre la expulsión del albergue municipal de una persona que grabó con un dispositivo móvil lo ocurrido, De Pablo-Blanco explica que "todas las personas están sujetas a derecho y obligaciones" y que se ha expulsado por criterios "técnicos y de forma inmediata", de acuerdo al reglamento aprobado en 2010 y en el que se preserva el derecho de la intimidad. "Estas personas pasan por un proceso de reinserción en la sociedad y tienen que tener conciencia de lo que se puede y no se puede hacer", recalca.

Según advierte la responsable de Asuntos Sociales, "las relaciones son muy complicadas y el trabajo es complejo y difícil, ya que en el albergue hay personas con adicciones y alteraciones de conducta y hay que garantizar la convivencia". "Hay personas que no quieren exhibir sus imágenes o que el que se sepa donde está puede tener unas consecuncias nefastas al ser víctimas", concluye, dejando claro que se intenta en todo momento preservar su derecha la intimidad y la igualdad de trato.