Los seis sindicatos que forman la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria (SIEP, CC.OO, USO, UGT, CSIF y Tú) han acusado a la Consejería de Presidencia y Justicia de "oscurantismo y desorganización", así como de actuar "sin criterios, sin transparencia" y sin un "supuesto plan" en la reordenación de sedes administrativas del Gobierno.

Desde el 26 de septiembre del 2011, la Junta viene solicitando el proyecto de reordenación de sedes administrativas, supuestamente basado en el ahorro, unidad de sedes por consejería y mejor prestación al ciudadano.

A criterio de las organizaciones sindicales se incumplen los tres pilares que supuestamente sustentan el plan.

Así, en un comunicado, explican que se desconoce el ahorro que dichos cambios aportan a las arcas públicas, a pesar de que la Junta ha solicitado reiteradamente esta información. Pero "no se contesta, no existe interlocutor válido", señalan.

Además, aseguran que la unidad de sedes por consejería "se quiebra" y ponen como ejemplo el traslado del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, desde Palacio Macho a General Dávila, con lo que la distancia "se incrementa considerablemente".

También el Servicio Cántabro de Empleo, dependiente de la Consejería de Economía, pasa de la calle Castilla a General Dávila, y aún más distancia se aplica a la Dirección General de Consumo trasladada al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.

Y, según las organizaciones sindicales, los ciudadanos han sido "los más perjudicados".

En este sentido, apuntan que el ICASS, un organismo con una "importante afluencia de usuarios", ha sido desplazado del centro de la ciudad, lo que ocasiona "un importante perjuicio" a todos aquellos ciudadanos que diariamente tienen que tramitar temas relacionados con la dependencia, el menor, etcétera.

La Consejería de Industria, también con una "importante afluencia de ciudadanos", ha sido trasladada al PCTCAN, "con problemas claros de aparcamiento, acceso y transporte público"; y próximamente sucederá lo mismo con la de Ganadería, que atiende al año más de 30.000 usuarios.

A la Dirección General de Montes y a la propia Consejería se les desplazará también y "sin tener en cuenta el perjuicio que originan, no sólo a los usuarios, sino al comercio y a la actividad diaria de la ciudad".

Por otra parte, a juicio de la Junta de Personal, se está produciendo un "incumplimiento flagrante de la norma", ya que la ley obliga al empresario, en este caso al Gobierno de Cantabria, a comunicar a los órganos de representación los cambios de centros de trabajo (en este caso de sedes administrativas), y a remitir la información suficiente para que desde los mismos se emita informe.

"Este aspecto no se cumple. Si esto lo hiciera cualquier empresario sería sancionado. Nuestros gobernantes parece que pueden hacer lo que les plazca, sin ningún tipo de responsabilidad", denuncian.

Traslados y denuncias

El 2 de agosto de 2012 se informa por primera vez de las dependencias trasladadas "sin previa comunicación, incumpliendo claramente la normativa vigente" y que afectan a las consejerías de Presidencia y Justicia (direcciones generales de Mujer, Juventud y Justicia), Educación, Cultura y Deportes (Oficina de Cooperación al Desarrollo), Innovación, Industria, Turismo y Comercio (Servicio de Comercio) y Economía, Hacienda y Empleo (Oficina de Asuntos Europeos, Dirección General de Economía y Asuntos Europeos y Control Financiero).

Según la Junta de Personal, tras estos traslados, algunas de estas dependencias han sido cambiadas nuevamente de ubicación.

Tras denunciar que "la mayor información" la han obtenido a través de los medios de comunicación, critican que la proporcionada por la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, no tiene "ninguna validez".

Y como prueba esgrimen que el Palacio Macho, antigua sede de la Consejería de Innovación, vuelve a ser sede administrativa y acoge la Dirección General de Trabajo. Además, afirman que no se han trasladado las dependencias previstas de la Consejería de Economía y se reubican nuevos departamentos. "La situación y costo en materia de prevención de riesgos laborales sigue siendo el mismo, por lo que deberán explicar a todos los ciudadanos los motivos del cambio de criterio a través de los medios de comunicación".

La Junta de Personal, ante la "vulneración continuada del derecho a la información" que dice soportar desde el inicio de la legislatura, reclama a Díaz, como titular de la Consejería que ejerce la coordinación del plan de reordenación de sedes del Gobierno, que explique "si estos cambios obedecen a que el Gobierno no tiene ningún plan o si por el contrario, se producen en base a intereses personales, distintos a los de economía, eficacia, eficiencia, y mejor atención de los servicios públicos".

Igualmente pide que se informe del ahorro y mejoras de atención a los ciudadanos se producen con el cambio de ubicación de la Consejería de Ganadería, cuyas dependencias en el Edificio Europa no tienen ningún costo.

Finalmente demanda "transparencia, información e interlocutor válido" con los representantes de los trabajadores, que en su opinión es "la asignatura pendiente del actual Gobierno de Cantabria".