Castellón denunciará a los exministros socialistas responsables del Proyecto Castor

  • Así lo ha dicho el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, que ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos.
  • "La Diputación exigirá responsabilidades legales a los ministros responsables de las autorizaciones", ha asegurado Moliner.
  • "Si los inspectores determinan que no se daban las garantías suficientes, ni las condiciones, para la autorización concedida en 2010", ha puntualizado.
  • A FONDO: El origen de los seísmos.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha anunciado este jueves que la corporación provincial emprenderá acciones legales "contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del Proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010".

Moliner ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.   Así lo ha hecho público el presidente de la Diputación tras conocer que existe una "relación directa" entre los seísmos que se están produciendo frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y la inyección de gas en la zona.

"La Diputación exigirá responsabilidades legales a los ministros responsables de las autorizaciones si los inspectores que están examinando las instalaciones determinan que no se daban las garantías suficientes, ni las condiciones, para la autorización concedida por el Gobierno en 2010", ha asegurado Moliner.

La Diputación ha subrayado que el informe de impacto ambiental "no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos", según ha apuntado en un comunicado.

El presidente de la corporación ha asegurado que la obligación es "estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto".

La corporación ha indicado que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia "exclusiva" del Gobierno Central, "fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente".

Asimismo, ha añadido que las primeras concesiones y licencias "llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del  presidente socialista Rodríguez Zapatero".

"Me parece gravísimo"

A juicio de Moliner, "me parece gravísimo que no se tuviesen en consideración las posibles afecciones sísmicas y que ahora estemos sufriendo decenas de terremotos cada día. Son los técnicos los que están investigando el problema y los que tienen que decidir cuál es la solución, pero que nadie dude que exigiremos todas las responsabilidades penales que pudiesen derivarse de la mala gestión de esta concesión", ha advertido.

La Diputación también ha recalcado que el procedimiento administrativo del Gobierno entre 2008 y 2010 incluyó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirigía Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.

El 11 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa, publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Asimismo, ha añadido que el Ministerio de Medio Ambiente concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Tras ello, en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo, con lo que dio "plena validez al almacén subterráneo frente al litoral castellonense, durante la pasada legislatura".

"Todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc, que pese a no asumir competencias propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu", ha recalcado.

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