La sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este jueves un juicio contra dos mujeres, socias de una empresa que tenía dos agencias de viajes —una en Moguer y otra en Valdepeñas (Ciudad Real)—, a las que el Ministerio Fiscal ha acusado de un delito de estafa continuada, solicitando para ellas seis y tres años de prisión, respectivamente, así como el pago de una indemnización de más de 730.000 euros y otra de 42.000 al banco Santander, tras realizar supuestamente operaciones bancarias fraudulentas con tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras extranjeras facilitadas por un cliente, C.F., cuya identidad no ha podido ser determinada.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, las defensas de las acusadas han coincidido en que "han sido instrumentos de un delincuente profesional", refiriéndose a C.F., el cual, según han criticado, "no ha sido ni detenido ni imputado" por estos hechos, ya que la investigación por parte de la Guardia Civil "fue muy limitada", indicando además que "con una investigación limitada no se puede condenar a nadie".

A su vez, uno de estos letrados ha defendido que su clienta denunció ante la Guardia Civil los hechos cuando le llegó un email de la Interpol advirtiendo de que "este hombre era un estafador", sin embargo "esta denuncia cayó en el olvido".

Por ello, ha remarcado que tanto C.F., como J.D., —este último el que supuestamente pagó con tarjetas a una de las acusadas en la agencia de viajes de Valdepeñas— "son los autores de esta estafa y que no se han podido o no se han querido encontrar". El otro abogado ha apuntado que es "increíble" que no se sepa nada de estos dos individuos.

Los hechos se remontan a 2009 cuando, según calificó el Ministerio Fiscal, una de estas dos socias de una sociedad mercantil con dos agencias de viajes suscribió un terminal de punto de venta (TPV) en el banco Santander a nombre de la citada empresa con la intención de realizar transacciones comerciales relacionada con la venta de billetes de avión vía internet.

Así, entre los días 29 de julio y 8 de septiembre de 2009, "a sabiendas del artificio engañoso", realizó a través de este TPV operaciones de ventas de billetes con cargo a tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras extranjeras, muchas de ellas ajenas a la Comunidad Europea y facilitadas por C.F., y que en ningún momento estuvo presente ni firmó documento alguno, limitándose la acusada a introducir en el TPV los números de las tarjetas cuya copia recibía.

Durante ese tiempo el importe de las operaciones alcanzó casi 685.000 euros ingresados en la cuenta de la empresa, que la acusada, según entiende el fiscal, se apoderó mediante transferencias a otras cuentas suyas o pertenecientes a familiares, así como mediante extracciones en cajeros automáticos o a través de ventanilla bancaria. A su vez, el fiscal considera probado que ella, para evitar que los titulares de las tarjetas reclamaran, procedió al vaciado vía internet del resto del saldo existente en la citada cuenta llegando a hacer 15 transferencias por el máximo de 3.000 euros, que es lo permitido. Cuando el banco tuvo constancia de estos movimientos suspendió la operatividad de la TPV y canceló la cuenta.

Por su parte, la otra acusada, responsable de la oficina ubicada en Valdepeñas, también solicitó otro TPV para hacer las mismas operaciones pero a través del cliente J.D., cuya identidad tampoco ha podido ser determinada, y que tampoco estuvo presente ni firmó ningún documento, limitándose ésta, al igual que su socia, a introducir los números de las tarjetas cuyas copias recibía, ascendiendo el perjuicio económico a 42.908 euros.

Penas de seis y tres años

El fiscal, quien ha mantenido las penas de seis y tres años por un delito de estafa continuada y el pago de las indemnizaciones, ha reconocido en la lectura de los informes finales que la entidad "va a tener muy difícil" recuperar este dinero porque en el poder de las acusadas "no está", pero ha asegurado que es "muy sospechoso" que una agencia en Moguer y de estas características "tenga un volumen de negocio tan alto", así como que "un señor ofrezca un negocio tan desorbitado y espectacular acreditándose solo con una copia de su carta de identidad".

Por su parte, la acusación particular ha añadido los delitos de simulación de delito y de falsedad, además del de estafa, y ha recordado que las acusadas acuden al banco Santander cuando otra entidad bancaria "les cancela el TPV con anterioridad", indicando además que con una tarjeta "hace 30 movimientos" porque sabía que las transferencias del dinero "iban a ser cortadas".

Las acusadas aseguran su inocencia

Las acusadas han declarado al comienzo de la vista oral y han asegurado su inocencia, indicando una de ellas que no le extrañó que una persona extranjera, y que se presentó como dueño de una empresa petrolífera, "pidiera en Moguer la compra de billetes, ya que hay muchos inmigrantes" por la plantación de la fresa. De igual forma, ha remarcado que "todas las tarjetas presentadas pertenecían a su grupo de empresas" y no sospechó.

A su vez, esta acusada, que se encargaba de la oficina moguereña, ha señalado que en octubre "vinieron las operaciones de vuelta" y al recibir el email de la Interpol acudió al cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia, que "se quedó en el vacío". De igual forma, su compañera ha manifestado que tampoco le extrañó que J.D., le encargara los billetes de vuelo tras presentarle el pasaporte con su firma.

Como testigo ha declarado un agente de la Guardia Civil quien ha remarcado que comprobaron que la identidad de C.F., "no existía" y que la agencia "había generado mucho dinero en muy poco tiempo", pero ha reconocido que "no llegaron a finalizar las diligencias" porque pasó a otro equipo de la Guardia Civil.

También el que fuera director de la sucursal del banco Santander en 2009 en Moguer ha recordado que estaba de vacaciones cuando se produjeron los hechos, no obstante ha manifestado que "no autorizaron a utilizar el TPV sin la presencia física del cliente".

Por último, un perito, a propuesta de la acusación particular, ha manifestado que en este caso concreto "era necesaria la presencia física del titular para operar con el TPV", no obstante ha reconocido que "lo normal es que personal del banco explique el funcionamiento de la terminal y la necesidad de esta presencia física", algo que desde el banco no hicieron. El perito ha apuntado también que ambas agencias "han seguido las mismas pautas".