Otros dos jóvenes denuncian abusos del presunto pederasta de Castelldans (Lleida)

Llegó a acoger hasta ocho menores simultáneamente en su casa sin levantar ninguna sospecha

Dos jóvenes mayores de edad se sumarán a los tres que han presentado denuncias contra el educador social y presunto pederasta de Castelldans (Lleida) David D. por abusos sexuales y haber sido grabados mientras fueron menores y vivían con el agresor en régimen de acogida bajo la tutela de la Generalitat.

"Ambos han reconocido ante el juez que han sido objeto de abusos" ha explicado a Europa Press Francesc Sapena, abogado de los tres que denunciaron primero y representante de uno de los jóvenes que se sumará a la acusación.

A los tres primeros, el acusado los había grabado también ya siendo mayores de edad mientras mantenían relaciones sexuales con sus parejas.

El acusado les ofrecía tener relaciones con sus parejas en una habitación con cama de matrimonio, televisión y música ambiental en la que uno de los jóvenes descubrió encima de un armario la cámara en la que les filmaba.

Trece mil folios forman el sumario del caso al que en agosto se sumó la investigación de los Mossos que captaron varios teléfonos móviles en los que había gran cantidad de material grabado en la vivienda de Castelldans a la que la semana pasada el letrado calificó de "casa de los horrores".

David D. que fue detenido el pasado 27 de junio en Lleida e ingresó en prisión días después, llegó a acoger hasta ocho menores simultáneamente en su casa y pasó 34 controles en 16 años sin levantar ninguna sospecha.

La semana pasada la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat volvió a solicitar ante el juez de Lleida personarse como acusación particular en la instrucción del caso del educador social.

Tras la detención, la Conselleria le retiró la tutela de tres menores que entonces tenía a su cargo y solicitó informes sobre su expediente al Instituto Catalán de la Acogida y Adopción (ICAA) y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), además de abrir un expediente informativo a la Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF).

Sapena no descarta presentar una acusación contra la Generalitat si se comprueba negligencia de quienes tenían que haber controlado.

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