La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha levantado la suspensión cautelar del acto de entrega del futuro aeropuerto de Corvera al entender que "la fecha ya ha transcurrido", en referencia al 27 de septiembre. El auto se centra en las medidas cautelares que solicitó Aeromur al considerar que se estaban lesionando sus derechos e intereses legítimos, ya que la Comunidad, junto con la Guardia Civil, se presentaron en las instalaciones para hacer una inspección.

No obstante, precisa que ello no significa que la Sala "autorice a la Administración a entrar en las instalaciones del aeropuerto y llevar a cabo los actos materiales para la entrega y posesión de sus infraestructuras, ya que ello no ha sido objeto del incidente cautelar" que le ocupa, que se limita únicamente a un pronunciamiento sobre la medida cautelar que solicitó la sociedad concesionaria del aeropuerto contra la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Por tanto, acuerda dejar sin efecto dicha medida cautelar que acordó, ya que tenía vigencia solo para el día 27, sin perjuicio todo ello de que por parte de la Comunidad "se dicten los actos que estime procedentes para llevar a cabo en la fecha o fechas que considere oportunas la actuación que estaba prevista ese día", en horas diurnas y cuyo contenido debía referirse al inventario de las instalaciones, equipos y enseres. Así como el "derecho de la concesionaria a impugnarlas y solicitar medidas cautelares".

El auto expone que la "Sala no puede pronunciarse sobre actuaciones distintas de la recurrida, ni por supuesto determinar si debe procederse o no a la entrega de las instalaciones, cómo ni cuándo, pues la parte actora, única legitimada para ello, no ha recabado de este tribunal que fije unos plazos o unas determinadas pautas para la toma de posesión de las instalaciones por parte de la Comunidad".

Exposición de las partes

La concesionaria argumenta que "de no llevarse a cabo la entrega de las infraestructuras con las debidas garantías se pueden producir deterioros en las mismas y además resulta imposible que el día 27 se hayan sometido a prueba todas las instalaciones del complejo aeroportuario y con ello, se limitan las posibilidades de la concesionaria de acreditar, transcurrido un cierto tiempo, que se entregó la infraestructura en óptimo estado".

Entiende que la medida cautelar "no ocasiona una grave perturbación del interés general, ya que se trata de una infraestructura nueva y su entrega puede esperar, y además la base aérea de San Javier sigue abierta al tráfico civil".

En su opinión, "el interés general demanda que la infraestructura siga conservada y mantenida por la concesionaria, que es quien mejor puede realizar ese cometido, evitándose con ello problemas de seguridad". "Lo que perturbaría el interés general sería su entrega precipitada", defiende.

Por contra, la Comunidad se opone a la medida cautelar adoptada en su día y solicitaba su alzamiento, levantándolo finalmente según el auto conocido este miércoles.

A su juicio, existe "un interés legítimo de la Comunidad en la toma de posesión por haber llevado a cabo la concesionaria actuaciones tendentes a retirar material y equipos del interior del aeropuerto, sin consentimiento por parte de la Administración, lo que motivó incluso la intervención de la Guardia Civil".

En este sentido, expone la Comunidad "tiene la obligación y el derecho de vigilar, inspeccionar y garantizar el buen estado e integridad de conservación de las instalaciones", y acusa a la concesionaria de "dar órdenes para prohibir el acceso al recinto del aeropuerto al personal del Gobierno regional".