El Gobierno, disconforme con la creación de un nuevo impuesto a las entidades de crédito por sus depósitos

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que muestra su disconformidad con la proposición de ley foral para la creación en la Comunidad Foral de un impuesto que grava a las entidades de crédito en relación con los depósitos que custodian.

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que muestra su disconformidad con la proposición de ley foral para la creación en la Comunidad Foral de un impuesto que grava a las entidades de crédito en relación con los depósitos que custodian.

El Ejecutivo foral rechaza la iniciativa presentada por Izquierda-Ezkerra, tanto por motivos competenciales como de carácter técnico, ha expuesto en un comunicado.

En lo que se refiere al primer ámbito, se recuerda que ya el Estado creó un impuesto similar, mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, para todo el territorio español y considera que, en este caso, es de aplicación la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, la Comunidad Foral está sujeta también a las limitaciones que impone el artículo 6 de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que indica que los tributos establecidos por las Comunidades Autónomas "no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado". Esto es, sin acuerdo con el Estado, Navarra no puede implantar un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito porque ya lo ha establecido el Estado, ha añadido.

De todo ello, el Gobierno de Navarra deduce que presumiblemente el Estado recurrirá ante el Tribunal Constitucional el citado impuesto, "con lo que penderá sobre él la incertidumbre de su recaudación hasta que se dicte sentencia".

También rechaza el Ejecutivo foral la propuesta del impuesto por motivos de técnica legislativa. En este sentido, afirma que el hecho de que se exija el impuesto desde el 1 de enero de 2013, cuando la entrada en vigor de la ley sería como pronto a finales de año, introduce una retroactividad "que podría resultar altamente controvertida".

Agrega, finalmente, que los términos utilizados para definir las entidades a las que alcanzará el impuesto pueden llevar a confusión.

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