El secretario general del PSOE malagueño y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha asegurado que varias medidas tomadas por el Gobierno central "perjudican la actividad de los más de 6.000 abogados malagueños, además de la calidad del servicio, alejan al ciudadano de la justicia, rompen el principio de igualdad ante la justicia y ponen el riesgo el futuro laboral de numerosos abogados".

Heredia, acompañado de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha mantenido en la tarde de este martes una reunión con medio centenar de abogados malagueños para analizar iniciativas del Gobierno como la Ley de Tasas, la propuesta de nueva planta judicial, la Ley de Servicios Profesionales o la reforma del Código Penal.

Así, ha defendido que todas estas reformas se hacen "de espaldas a los sectores interesados" y, por ello, ha justificado que este encuentro que tiene como objetivo abordar propuestas, alternativas e ideas "para enmendar políticas a nuestro juicio erróneas", según ha precisado a través de un comunicado.

Heredia ha mostrado su preocupación por las condiciones laborales de los abogados que son autónomos. Por ello, ha apostado por replantear la política fiscal con respecto a este tipo de trabajadores y ha expresado su rechazo al aumento del IVA.

Sobre la Ley de Tasas, ha criticado que "establece una justicia para ricos y otra para pobres" y ha considerado que "profundiza en las brechas sociales que esta crisis está abriendo". Heredia ha recordado que los socialistas han recurrido esta ley al Constitucional.

"No desatasca, más bien puede acabar por rematar la vía penal. Una reforma de un pilar básico de nuestra democracia, no puede hacerse por imposición, sin escuchar a nadie, imponiendo un modelo que hará recaer el gasto judicial en los mismos hombros de siempre: las clases más desfavorecidas y las escuálidas clases medias", ha expuesto.

Por otro lado, ha calificado la propuesta de demarcación y planta judicial "que pasa por eliminar partidos judiciales" como "un nuevo ataque a las comunidades autónomas en material judicial, especialmente a Andalucía". "Supone alejar los servicios públicos, en este caso la Justicia, que perjudica a las comunidades más extensas, como Andalucía; duplicar gastos, en vez de la racionalización de recursos, así como la pérdida de empleo y un golpe a los profesionales liberales de la justicia", ha enumerado.

Así, ha apoyado una reforma dialogada con las comunidades autónomas y con los operadores jurídicos que evite los obstáculos de acceso a la justicia, que impulse la implantación de la oficina judicial única y mantenga los servicios de justicia cerca del ciudadano como hasta ahora.

También ha abordado la Ley de Servicios Profesionales, "que tiene el rechazo unánime de los colegios profesionales". En el caso de la abogacía, la ley "divide esta profesión jurídica entre abogado y asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral, actividad que no precisará de la colegiación obligatoria para su ejercicio profesional", ha apuntado.

"Esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados", ha subrayado.

Por último, se ha referido Heredia a los esfuerzos de la Junta de Andalucía para hacer frente a los pagos de la asistencia jurídica gratuita, condicionados por la caída de ingresos y los objetivos de déficit que marca el Gobierno de España, "que están literalmente asfixiando a las comunidades autonómicas con más servicios y transferencias", indicando que No obstante, Heredia ha querido destacar que hoy mismo la Consejería de Justicia e Interior ha realizado un nuevo pago a los abogados y procuradores.

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