Jordi Varela
El director gerente de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de Sant Pau entre enero de 2008 y marzo de 2012, Jordi Varela, en el Parlament. ACN

El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá, ha desimputado a seis altos cargos vinculados con el Hospital Sant Pau por presuntos "contratos ficticios", aunque ha mantenido los cargos contra el exalto cargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat José Ignacio Cuervo y el exgerente Jordi Varela.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez comunica el sobreseimiento provisional del exdirectivo del Gobierno central Ricard Gutiérrez, Mercè Cruells, Felipe Carbajo, Jordi Bachs, Josep Antoni Grau y Joaquim Esperalba. La anestesista y trabajadora del centro Carme Pérez denunció que los citados cargos recibían un sueldo de directivo sin ejercer tales funciones.

El Ministerio Fiscal estima que Jordi Varela pudo haber contratado a Cuervo con retribución a cargo del Sant Pau, si bien el pago venía asumido por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) sin prestar otro servicio que al del hospital. El juez señala que las restantes contrataciones, que se analizan en el atestado, se abren a consideraciones sobre su oportunidad y necesidad, "pero no puede decirse que se trate de una ficción".

"El proceso penal no puede ser el lugar para valorar la correcta administración de un centro hospitalario", si ello no guarda relación directa con el tipo penal, ha remarcado el juez.

El proceso penal no es el lugar para valorar la correcta administración de un hospitalLa denuncia presentada por la trabajadora acusaba acusaba al exdelegado de la Generalitat en Madrid en el último gobierno tripartito, José Ignacio Cuervo, patrono de la fundación de investigación del centro, de percibir retribuciones económicas pese a que "no se conoce el trabajo encomendado ni tampoco la posible adscripción departamental o ubicación física donde lo realiza".

Según el texto, Cuervo percibía 4.160 euros mensuales abonados contra presentación de factura sin conocimiento del personal de trabajos para el proyecto de los edificios de investigación, así como con el desconocimiento de su asesoramiento.

Sobre los desimputados, Pérez también criticaba el pago durante siete años a Gutiérrez, presunto exdirectivo "inexistente" del hospital que había sido subdirector general del Insalud y exdirector del Ministerio de Sanidad en gobiernos del PSOE.

En las elecciones sindicales convocadas para 2011, los trabajadores descubrieron que Gutiérrez aún figuraba en los boletines de la Seguridad Social, en la categoría de gerente adjunto y con una antigüedad de diez años percibía un importe anual de 158.569 euros.

En cuanto a Mercè Cruells, ésta era jefa de la División de Atención Ciudadana del CatSalut en los mandatos de la exconsellera de Salud Marina Geli, y posteriormente fue contratada en el Hospital Sant Pau como facultativa colaboradora, aunque la denuncia la acusa de cobrar un sueldo superior al de un médico especializado, pese a que supuestamente no ejercía tal función, según el texto.

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