La defensa del exalcalde de la localidad cordobesa de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, Antonio Guisado (PSOE), recurrirá la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que le condena a dos de prisión y cinco de inhabilitación absoluta, por la supuesta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, tras retirar de la caja municipal para "su propio provecho económico" unos 18.530 euros.

Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado defensor, Fernando Llagas, quien ha precisado que también se presentará el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por parte de los otros dos condenados, la exconcejal de Hacienda y el exsecretario municipal, a los que el fallo les impone un año y seis meses y tres años de prisión, respectivamente.

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el exregidor también es condenado a seis años de inhabilitación para empleo o cargo público por la supuesta comisión de un delito de prevaricación al "ordenar prestar dinero municipal a algunos vecinos sin sujeción a regla jurídica alguna o procedimiento administrativo", junto a la exconcejal de Hacienda.

Al respecto, la Audiencia Provincial condena al exedil de Hacienda a un año y seis meses de prisión y cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos, tras retirar dinero en efectivo de la caja del Ayuntamiento, "que no tuvo reflejo en la contabilidad municipal", para "su propio provecho económico" por valor de 10.268 euros, al tiempo que es condenada a cinco años de inhabilitación por el delito de prevaricación.

Mientras, el exsecretario interventor es condenado a tres años de prisión y seis años de inhabilitación por la supuesta comisión de un delito continuado de malversación, tras "retirar" de la caja para "su propio provecho" un total de 48.116 euros. El juez ordena que todas las cantidades retiradas sean devueltas al Consistorio en ejecución de las responsabilidad civiles.

Entretanto, la sentencia apunta que "durante los años 2000 a 2003, ambos inclusive, el Ayuntamiento tuvo unos ingresos anuales que oscilaron entre los cuatro y los cinco millones de euros", si bien "la deuda acumulada al cierre del tercer año era de más de diez millones de euros". Además, recuerda que "el dinero no ha sido dedicado a servicios municipales".

Por otra parte, el fallo también ratifica la absolución del extesorero, por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública. Cabe destacar que la fiscal y las acusaciones retiraron los cargos contra el extesorero municipal al elevar a definitivos sus escritos de calificación.