La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la denuncia interpuesta por un empresario contra el actual diputado en las Corts Rafael Blasco en relación con la concesión de una licencia a otro empresario y exconcejal de Masalavés (PP), José Francisco Hernández Mateu, para que abriera un salón de banquetes. En esa fecha, el año 2006, Blasco ocupaba el cargo de conseller de Territorio y Vivienda.

El tribunal valenciano ha decidido archivar la denuncia ante la falta de concreción de hechos punibles a la persona aforada. Detalla que las "pocas ocasiones" en las que se hace referencia a Rafael Blasco, se produce "de una forma imprecisa, colateral y, en definitiva, con una gran generalidad" y "sin esa necesaria e indiciaria individualización respecto de la persona aforada con concretos tipos delictivos".

La denuncia —agrega el tribunal— carece de fundamentación específica de la calificación, "siquiera provisional", de los hechos que relata, y "desde luego" de individualización de la autoría de la persona aforada", ya que únicamente resulta de ésta el haber adoptado la resolución aprobatoria de la Declaración de Interés Comunitario para la ampliación de un restaurante a un salón de banquetes, "refiriéndose en lo demás a la Consellería 'in genere'".

En resumen, señala que en los documentos aportados no aparece otra intervención de Rafael Blasco —también imputado en el conocido 'caso Cooperación'— más que la resolución de aprobación de esta Declaración, "fundada en el planteamiento vigente y en los informes municipales y de la propia Administración".

Este archivo "no significa", tal y como se indica en el auto, que el denunciante no pueda dirigirse a un juzgado ordinario y territorialmente competente para que, tras la presentación de la denuncia, en su caso pueda instruir la causa y tomar la decisión que legalmente corresponda, tal y como ya detalló inicialmente el ministerio fiscal.

La denuncia fue presentada en el TSJCV el pasado mes de junio, y se dirigía contra Rafael Blasco; el exconcejal del Ayuntamiento de Masalavés José Francisco Hernández Mateu; el exalcalde Vicente Villalba; el ex arquitecto técnico municipal Emilio Hernández; la exsecretaria María José García; el arquitecto Emilio Ordeig; el legal representante de 'Hernando Mateu Río Verde S.L. y un técnico de la Conselleria sin identificar.

En la denuncia se les acusaba de presuntos delitos continuados contra la Ordenación del Territorio; prevaricación de funcionarios públicos; tráfico de influencias; y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, en relación con la Declaración de Interés Comunitario a favor de la empresa Hernández Mateo Río Verde S.L., y las licencias de obras para la ampliación de un restaurante a un salón de banquetes.

La denuncia

Según se expuso en el escrito de denuncia, cuando regresó José Francisco Hernández Mateu a la política y asumió el cargo de concejal, el Ayuntamiento de Masalavés cambió las Normas Urbanísticas para eliminar una publicación sobre parcelas situadas en suelo rústico que afectaban directamente a terrenos de su empresa, con lo que supuestamente se beneficiaba del cambio, ya que se pasaba de un suelo rústico a otro comercial.

Además, se señaló que en los informes del técnico municipal, también denunciado, para la Declaración del Interés Comunitario de la empresa, no se hizo referencia al cumplimiento de la distancia de cinco kilómetros de la parcela al casco urbano exigida por la ley.

Así, se denunció que Hernández Mateu tenía "capacidad" para conseguir del Ayuntamiento que le cambiaran el planeamiento en su beneficio y que los técnicos que trabajaban habitualmente con el consistorio le hicieran los proyectos y los informes técnicos favorables. Y este control "necesitaba" de una "correspondencia" en Conselleria, "que finalmente obtuvo" con la Declaración de Interés Comunitario, firmada por Blasco.

Con estos hechos, el tribunal valenciano ha decidido no abrir ninguna investigación, ya que considera que no existe una específica atribución de hechos delictivos. No obstante, deja la puerta abierta al denunciante para dirigirse a un juzgado ordinario para que, en caso en que lo considere, pueda instruir la causa.

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