El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente trabaja con las flotas afectadas por el acuerdo de pesca con Mauritania para, ante el vencimiento de las ayudas arbitradas, evaluar la posible reubicación de los buques en otros caladeros.

Según ha recordado el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete a la portavoz de Pesca del PSOE en el Congreso, Consuelo Rumí, para paliar los "efectos negativos" de protocolo con Mauritania se aprobaron "ambiciosas" ayudas por paralización de las flotas, de las que se beneficiaron hasta el 31 de enero de este año, 36 armadores por un total de 5.989.580 euros y 120 tripulantes por una cantidad de 771.075,00 euros.

Las ayudas fueron prorrogadas seis meses, hasta el 31 de julio de 2013, con una dotación financiera de 6,3 millones de euros para los armadores afectados y de 1,3 para los tripulantes enrolados en los buques. Sin embargo, ante el vencimiento de las mismas, el Ejecutivo mantiene que "trabaja activamente" con los afectados para estudiar esa posible recolocación en otros caladeros.

En la misma respuesta, el Ministerio subraya que, tanto a lo largo de las negociaciones, como durante su tramitación en el Consejo y ahora en el Parlamento Europeo, el Gobierno "ha dado la batalla" contra los términos del protocolo actual, exigiendo una mejora de las condiciones técnicas para todas las categorías, y poniendo el énfasis en la necesidad de abrir la posibilidad para la flota cefalopodera de faenar en caladero mauritano.

España ha esgrimido estudios científicos que ponen de manifiesto el buen estado del stock de pulpo y la existencia de excedentes para las flotas comunitarias y el Ejecutivo lamenta que pese a las recomendaciones del último Comité Científico Conjunto del Acuerdo que aconsejaban la aplicación de un nuevo método de evaluación en el que se permitiría la participación de buques españoles en una campaña experimental, los últimos contactos entre la Comisión Europea y las autoridades mauritanas hayan "cerrado la puerta a esta posibilidad".

Así las cosas, se subraya que el Gobierno "sigue luchando por un rechazo definitivo" por el Parlamento Europeo, como hizo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y advierte de que en caso de no prosperar esta vía, se reclamará la denuncia del Protocolo por causa de infrautilización, tal y como prevé el texto del mismo.

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