En el tercer trimestre de 2013 se han registrado más de 1.700 nuevos procesos concursales, según se desprende del seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el Área de Administración de Riesgos de Crédito y Caución a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De ellos, 107 se corresponden con Galicia, lo que supone un 14 por ciento menos frente al segundo trimestre de 2013, cuando hubo 125.

Por provincias, el mayor descenso lo ha experimentado Lugo, con una bajada del 41 por ciento, al pasar de 17 a diez; seguida de Ourense, con un descenso del 33 por ciento, al pasar de 12, en el segundo trimestre del año, a ocho, en el tercero. Por su parte, A Coruña ha experimentado un descenso del 10 por ciento, al pasar de 49 a 44; mientras que Pontevedra registró 44 en el tercer trimestre del año frente a los 47 del anterior, un 4,3 por ciento menos.

En el conjunto del Estado, el está en línea con las previsiones de la compañía, que desde el primer trimestre del año anunció que las insolvencias judiciales llegarían en 2013 a su máximo histórico, en el entorno de los 10.000 concursos anuales.

Crédito y Caución ha reseñado que el prototipo de concurso de acreedores es el de pequeñas o medianas empresas de cerca de 20 trabajadores, con más de diez años de antigüedad, cada vez más presionadas por la prolongación en el tiempo de la crisis.

La insolvencia judicial de estas empresas se ve propiciada por las dificultades para acceder a nuevas refinanciaciones financieras, el agotamiento de los activos líquidos, la imposibilidad de profundizar en la reestructuración de sus costes, el fracaso en los planes de internacionalización o la trasmisión, a través de la morosidad, de la insolvencia de los clientes, ha explicado.

Tendencia que se romperá en 2014

Sin embargo, Crédito y Caución ha vaticinado que esta tendencia se romperá previsiblemente en 2014 por los cambios introducidos en el marco regulatorio, con la Ley de Emprendedores o el plan de pagos, y las previsiones de mejora del acceso empresarial a la financiación de origen bancario.

La nueva legislación no podrá modificar por si sola los elevados niveles de insolvencia judicial. En ese sentido, la buena evolución de 2014 está condicionada, esencialmente, a la mejora del acceso a la financiación de origen bancario por parte de las empresas, ha concluido.