La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) y la Asociación de Películas de América (MPAA), entre otros organismos defensores de los derechos de autor, han encontrado una alternativa a la lucha directa contra los programas de intercambio de archivos y las páginas con enlaces a estos programas.
La nueva táctica consiste en un ataque indirecto: en vez de amenazar con demandas a las webs que ofrecen los enlaces, se amenaza a los proveedores de internet que las alojan.
La IFPI ha pedido a los proveedores que desactiven cualquier tipo de tráfico que sospechen que es pirata.
Según John Kennedy, presidente de la IFPI, la Industria se ha visto obligada a amenazar a los proveedores debido a que éstos se muestran indeferentes hacia los clientes que están envueltos en actividades ilícitas.
Una de las primeras víctimas de esta nueva estrategia ha sido Isohunt.com, una famosa web que ofrecía enlaces a archivos del programa P2P BitTorrent.
Desde el pasado 16 de enero, Isohunt está fuera de servicio a causa de que su proveedor de servicios de internet "ha tirado del enchufe", esto es, les ha retirado el alojamiento web por miedo a las consecuencias.
Los responsables de la web aseguran que volverán a funcionar dentro de poco, pero no desde Suecia ni desde Sealand (como pretendía la web The Pirate Bay) sino desde Canadá, ya que, según dicen, no quieren esconderse.
En cuanto a The Pirate Bay, sus planes de comprar el micropaís de Sealand se han visto frustrados.
El príncipe de Sealand ha asegurado que no venderá el país a unos piratas que no respetan los derechos de autor y que van en contra de los intereses del Reino Unido.
Los proveedores se defienden
Un representante de la Asociación de Proveedores de Internet señaló que ellos son "meros conductores de la información" y no pueden ser culpados por las acciones de sus clientes.
"Los proveedores no pueden inspeccionar todos los paquetes que son transmitidos a través de sus redes", añadió.
Un representante del proveedor Tiscali dijo que la IFPI debía demostrar que el cliente realmente está involucrado en estas actividaddes ilegales, y que la organización musical debería compartir los gastos judiciales para resolver este tipo de disputas.
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