Paula, de 4 años, nació con Síndrome de Bartter, una enfermedad rara que impide que sus riñones funcionen correctamente. En condiciones normales, hoy podría hablar, aprender a leer y jugar con su hermano como cualquier niño, con la precaución de hidratarse de forma continua y de llevar un estricto control médico. Paula, sin embargo, apenas puede moverse por sí sola, no ve y no puede alimentarse con autonomía debido a una negligencia médica.

El 2 de febrero de 2010, con solo cinco meses de edad, ingresó con fiebre en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ante la persistencia de los vómitos que acarreaba su enfermedad, sus médicos decidieron implantarle un catéter permanente en el abdomen comunicado con su estómago para que sus padres pudiesen alimentarla con seguridad.

La intervención, programada para el día 23 del mismo mes, se realizó sin complicaciones. Durante el postoperatorio, sin embargo, Paula sufrió un déficit de glucosa que derivó en daño cerebral severo irreparable y pérdida completa de la visión.

Según la sentencia dictada el pasado 13 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los médicos de la niña cometieron mala praxis al retirarle el aporte intravenoso sin comprobar sus niveles de glucosa en sangre mediante una sencilla tira reactiva. En lugar de hacerlo, esperaron durante dos horas los resultados de una analítica. Cuando estos llegaron, era tarde.

Por este error, establece una pena de 460.000 euros que el Servicio Madrileño de Salud deberá abonar a su familia. Y, lo que es más importante, el TSJM dictamina que la niña no fue atendida de acuerdo a los protocolos a pesar de ser "un lactante pequeño, de 4 kg de peso, malnutrido, con fiebre  y con una situación metabólica inestable".

"No estábamos locos. Dejaron a nuestra hija ciega y con parálisis cerebral por una negligencia. Yo lo veía, tenía claro que algo se había hecho mal, pero hasta que un juez no te da la razón, no hay certeza. No es el dinero, sino el peso que te quita de encima que te digan que no estabas equivocado". Así explica Saturnino, padre de Paula, lo que él y su esposa sintieron cuando el bufete Atlas Abogados y la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) les comunicaron que habían ganado.

En conversación telefónica desde Poblete (Ciudad Real), donde residen, Satur relata las hazañas diarias que consigue Paula. Bañarse en la piscina, acompañarles al mercado, carcajearse con los achuchones de su hermano Nacho... "Hemos salido adelante. Estamos muy orgullosos. Yo soy autónomo y mi mujer, que tenía un buen sueldo como delineante, dejó el trabajo para regalar su vida a su hija y cuidarla siempre", asegura.

No lo han hecho solos. Su familia, presume, fue una piña desde que la pequeña nació. Su hijo, con solo 7 años, se hizo mayor "de golpe". Y centenares de personas les responden cada vez que piden ayuda. "Organizamos una marcha en bici para recaudar fondos y fue un éxito. Hemos hecho de todo. Lo último es que Pepa Aniorte, actriz de Águila Roja, va a participar en Ciudad Real en una representación benéfica", insiste.

Lo único que echa de menos Satur es más apoyo de la Administración. "Pedíamos 1,5 millones de indemnización, pero la sentencia no nos reconoció más alegando, entre otras cosas, que la Ley de Dependencia cubriría algunos gastos". Por esa ley, que reconoce a Paula el máximo grado de discapacidad, la Junta de Castilla La Mancha les abona una ayuda mensual de 430 euros. La última camilla para el baño de Paula ha costado 2.500 euros.