El alcalde de Almonte ratifica en el juzgado la denuncia por la compra de la 'Dehesa Santa María'

El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado a requerimiento de su titular, donde se ha ratificado, en todos sus términos, en la denuncia que se presentó por parte del Ayuntamiento en relación a la compra de cuatro parcelas ubicadas en la 'Dehesa Santa María' de la localidad.
El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez.
El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez.
EUROPA PRESS/AYTO DE ALMONTE
El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez.

El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado a requerimiento de su titular, donde se ha ratificado, en todos sus términos, en la denuncia que se presentó por parte del Ayuntamiento en relación a la compra de cuatro parcelas ubicadas en la 'Dehesa Santa María' de la localidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata del siguiente paso en el proceso para que puedan continuar tramitándose las actuaciones que inició el Consistorio contra el exalcalde socialista Francisco Bella Galán, —procesado también en el caso del 'campo de golf'—, y los concejales que respaldaron dicha compra.

Han recordado que en total son cuatro parcelas con una superficie total de 153 hectáreas por las que el Ayuntamiento pagó en 2006, 4,3 millones de euros.

Un precio catastral "muy superior al valor" de los terrenos e indican que tanto es así que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte (PP), en "su búsqueda por conocer el estado real de las cuentas públicas", reclamó un informe al perito agrícola municipal. En él se apuntó que, "en aquel año y en función de las valoraciones en las referencias catastrales, el valor de las cuatro fincas no excedía de los 1,7 millones de euros".

Asimismo, remarcan que "esto hace que los daños y perjuicios reclamados en la denuncia que hoy se ratifica, asciendan a 2,6 millones de euros, —a fecha de 2006—, por lo que ahora el Consistorio podrá reclamar también los intereses devengados".

Además, el equipo de gobierno del Partido Popular en Almonte ve también "indicios de ilegalidad" en la forma en la que se gestó la operación, ya que, —según la normativa—, los Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establecen el concurso como "la forma habitual de contratación, algo que de ningún modo ocurrió en este caso".

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