Unas 300 personas, entre trabajadores de Catalunya Banc y delegados del sector financiero de Andalucía y Extremadura se han concentrado este lunes ante la sede del Banco de España en Sevilla en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la entidad, que contempla el despido de cerca de 2.500 trabajadores y el cierre de todas las oficinas que estén situadas fuera de Cataluña.

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que esta concentración ha coincidido con la primera de las dos jornadas de huelga en contra de ese ERE "salvaje, inoperante, inviable e intolerable".

La concentración, convocada por los sindicatos, tuvo lugar en la plaza de San Francisco de Sevilla, frente al Banco de España y durante la misma se realizó una representación-performance de impacto que pretende escenificar "cómo miles de trabajadores estamos siendo víctimas de las decisiones de terceros, basadas en criterios macroeconómicos que no explican y que no garantizan una mejora a futuro".

CCOO y UGT anunciaron además dos jornadas de huelga para el día 30 de septiembre y 1 de octubre, para expresar el rechazo al ERE presentado por la dirección de la empresa.

En concreto, en Andalucía (también en Extremadura y Canarias) el plan contempla el cierre o la venta de la totalidad de las oficinas. El cierre de estas oficinas "supondría la desaparición de la entidad en estas regiones, la desatención de nuestros clientes". Precisa que en el caso andaluz, la pérdida de empleo directa "podría ser superior a las 250 personas". Catalunya Banc prevé cerrar todas sus oficinas en Andalucía, zona donde posee 39 sucursales, en el marco de su ERE.

Ya días atrás, CCOO consideraba que el plan de reestructuración en Catalunya Caixa es "antieconómico y antisocial", toda vez que "Catalunya Caixa quiere realizar una reestructuración que conllevaría la destrucción de un total de 2.395 puestos de trabajo, aproximadamente el 40 por ciento del total, además de contemplar abandonar toda actividad financiera fuera de Cataluña".

CCOO consideraba que es antieconómico porque "supone un coste brutal para la sociedad pues en ningún momento se explica la viabilidad de la entidad tras la reestructuración, toda vez que hasta ahora ha recibido alrededor de 12.000 millones de euros en ayudas públicas que difícilmente se recuperarán con el plan propuesto". Asimismo, cree que es "antisocial" porque supone "la destrucción de miles de puestos de trabajos directos e indirectos" y porque el coste de la "terrible gestión" de los directivos "lo está sufriendo la sociedad y la plantilla".

Por su parte, UGT también lamentó la semana pasada en una nota que la dirección de la entidad "ha planteado y no negociado un ERE con un resultado escalofriante, como es el despido de 2.500 trabajadores y el cierre de todas las oficinas que estén situadas fuera de Cataluña, con el consiguiente empobrecimiento bancario y de empleo —limpieza, seguridad, mantenimiento de oficinas, notarias y gestorías— de todas las comunidades".

Según la Federación de Servicios de UGT-A, "como otras veces, la incompetencia de los equipos directivos que han sumido a las entidades de crédito en su crisis más profunda, se resuelve como siempre, con jubilaciones e indemnizaciones millonarias para los directivos y la calle y el paro para los trabajadores, que no han sido responsables de este desastre".