La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denuncia la "discriminación" que sufre la plantilla de empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana, con un funcionario por cada 379 ciudadanos.

Según un informe elaborado por el sindicato, consultado por Europa Press, la comparación entre los datos del Registro Central de Personal publicados en enero de 2013 con la población de las comunidades autónomas recogida por el INE, la Comunitat "es la más perjudicada entre las comunidades con similares competencias".

CSI·F tilda de "inaceptable" esa ratio de un empleado público por cada 379 valencianos, con un total de 13.514 funcionarios —según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas—, que desciende en otras autonomías hasta uno por cada 196 ciudadanos en Castilla y León; uno por cada 202 en Aragón; uno por cada 250 en Galicia; uno por cada 252 en Cantabria; uno por cada 259 en La Rioja; uno por cada 271 en Extremadura; y uno por cada 276 en Murcia.

A continuación se sitúan comunidades como Canarias, con un empleado público por cada 291 ciudadanos; Asturias, con uno por cada 292 ciudadanos; y Castilla La Mancha y Baleares, donde la ratio es de un funcionario estatal por cada 318 ciudadanos.

En cuanto a la comparativa entre población y empleados públicos del órgano que emana de la fusión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, CSI·F reprueba que "la discriminación hacia la Comunitat Valencia sigue siendo evidente", con un empleado público para cada 2.012 ciudadanos.

Según las mismas fuentes, esa ratio se sitúa, en Galicia, en un empleado público por cada 1.061 ciudadanos; en Castilla y León uno por cada 1.158 ciudadanos; en La Rioja uno por cada 1.174 ciudadanos; en Cantabria uno por cada 1.230 ciudadanos; en Asturias uno por cada 1.280 ciudadanos; en Extremadura uno por cada 1.347 ciudadanos; y en Aragón, es de un empleado público por cada 1.501 ciudadanos.

Castilla La Mancha cuenta con un empleado público por cada 1.668 ciudadanos, Andalucía con uno por cada 1.827 ciudadanos y Baleares con uno por cada 1.991 ciudadanos, seguida de la Comunitat, con uno por cada 2.012 ciudadanos, Murcia con uno por cada 2.114 ciudadanos y Canarias, que posee un empleado público por cada 2.141 ciudadanos.

Al respecto, CSI·F opina que los ciudadanos pagan "impuestos similares por unos servicios similares", pero "no todas las comunidades son tratadas con el mismo rasero a la hora de ofrecer los servicios del Estado a los ciudadanos".

"AGRESIONES,

Insultos y amenazas"

Subraya, al respecto, que existen "notables diferencias entre unas y otras" autonomías y que, según estos datos, la Comunitat también resulta "perjudicada" en servicios públicos como las prestaciones por desempleo, en los que "las aglomeraciones en las oficinas, a pesar de la cita previa, se producen todos los días" y conllevan "riesgos" como "agresiones verbales y físicas contra los empleados públicos".

El sindicato se refiere asimismo al "eterno problema de los espacios compartidos con el Servef en sus oficinas", a las "colas" en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social y a las "tensiones" registradas en la atención a los ciudadanos, así como a los "insultos y amenazas" que sufren a diario los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) al comunicar los resultados.

CSI·F apunta que la mitad de los examinadores de Tráfico de Valencia se jubilará en la próxima década y plantea, al respecto, si "también van a externalizar los exámenes de conducir" o "por qué no se forman examinadores para cubrir las bajas por jubilación".

"25.000

Expedientes atascados" en el fogasa

En cuanto al "amago de externalización" del Fogasa, indica que en 2007 la plantilla en su sede de Valencia era de 15 empleados y que, seis años después, se mantiene pese a contar con "25.000 expedientes atascados por la crisis". CSI·F mantiene que "ocho administrativos más, de forma interina hasta el 31 de diciembre, no son la solución".

Se refiere asimismo a los empleados públicos del Punto de Inspección Fronterizo, punto en el que tilda de "incomprensible" que inspectores de sanidad (Grupo A1) hagan funciones de administrativo.

CSI·F indica que, en enero, el 10,85 por ciento de los 209.742 empleados públicos del Estado tenía más de 60 años, porcentaje que supera el 52 por ciento al incluir a mayores de 50 años, por lo que reclama un aumento de las plantillas con empleo estable para evitar una situación "inasumible e insostenible en la mayoría de servicios", con la Comunitat como "la más discriminada por el Gobierno".

El sindicato reclama un incremento de la oferta de empleo público de 2014 para "evitar el colapso al que se encuentra abocada la administración si continúa la amortización de plazas", con el consiguiente aumento en la Comunitat Valenciana.