La comisión creada por el equipo de Gobierno de la Diputación de Huelva e integrada por todos los grupos políticos para supervisar el cierre de las instalaciones del Hotel París concluyó su trabajo una vez aprobado la rescisión de los dos contratos de alquiler y el abandono del edificio el 1 de junio de 2012. Se trata, pues, de un asunto "cerrado" y "avalado por la legalidad" del procedimiento, según recuerda el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, José Martín, en un comunicado.

A la vista del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que concluye que los dos contratos de alquiler por valor aproximado de siete millones de euros se ajustan a derecho, tal como siempre ha sostenido el equipo de Gobierno de la Diputación, este asunto está "totalmente zanjado" y, en palabras de José Martín, "el único interés del Partido Popular es sostenerlo en el tiempo para desviar la atención sobre decisiones esperpénticas que está adoptando en solitario, como la privatización de cementerios, la venta de patrimonio municipal o la subida de suministros básicos como el agua".

"Al PP no le ha salido bien la jugada al llevar a los tribunales la revisión de oficio de los contratos de alquiler, pues el Consejo Consultivo de Andalucía nos da la razón pero los populares necesitan un elmento de distracción aunque sea artificial, como es este caso", subraya.

De esta manera, la Diputación responde al grupo popular en la institución provincial, que ha registrado un escrito en el que solicita la convocatoria a la comisión formada por un representante de cada grupo político con representación en la cámara provincial con el fin de valorar el último dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la legalidad de estos contratos.

La comisión que se creó durante el año 2012 a instancias de la presidencia de la Diputación, Petronila Guerrero, y que estaba integrada por todos los grupos políticos con representación en la institución provincial, concluyó su trabajo una vez que estudió, supervisó y dio el dio el visto bueno al cierre del Hotel París el 1 de junio de ese año, previo desplazamiento de los servicios allí ubicados a otras dependencias de la Diputación, según Martín.

"La comisión cumplió los fines para los que fue creada y los contratos de alquiler fueron rescindidos, pero el PP se agarra a este asunto como a un clavo ardiendo para intentar tapar su improductivo trabajo en la Diputación a favor de los intereses generales de la provincia y el bienestar de los municipios", arguye el portavoz del equipo de Gobierno.

La comisión constituida para analizar el contrato del edificio del Hotel París por parte de la Diputación, recibió en marzo de 2012 todos los informes jurídicos y económicos, así como la propuesta del equipo de Gobierno de rescisión del contrato. Asimismo, conoció un informe económico detallado con el ahorro total que suponía para la Diputación la propuesta de abandonar el edificio el mes de junio de 2012, cifrado en 3 millones de euros.

A la vista de estos datos, la comisión dio el visto bueno al abandono del Hotel París, una decisión que, recuerda el portavoz del PSOE, se adoptó "porque debíamos mantener una actitud responsable con la situación económica provincial".

En todo este asunto, el equipo de Gobierno ha realizado un trabajo "impecable" y "con un alto grado de responsabilidad", frente a un Partido Popular "que sólo está interesado en desprestigiar a la institución para que no se vean sus vergüenzas".

Informe del consejo consultivo de andalucía

La legalidad de los contratos de alquiler del Hotel París a las entidades Pablo Carrasco S.L. y Román de la Corte S.L. ha quedado avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía, que solo ha reseñado discrepancias con el contrato de unas obras iniciales realizadas en el edificio por valor de 266.000 euros.

No obstante, el equipo de Gobierno ha solicitado un informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación por entender que la contratación de esas obras iniciales también se ajusta a derecho.

En cualquier caso, la discrepancia sobre el contrato de las obras iniciales contenidas en el dictamen del Consejo Consultivo en nada afecta a la legalidad de los dos contratos de arrendamiento, que es lo que ha venido cuestionando el Partido Popular en este proceso y, por tanto, "no tiene ningún sentido reeditar órganos que ya hicieron su función y que en la actualidad no existen".

"Se trata de una maniobra de distracción por parte del Partido Popular que no les va a dar ningún resultado porque la legalidad está de nuestra parte. En lugar de intentar resucitar viejos fantasmas, el PP debiera preocuparse más por el patrimonio y los servicios públicos que está formación está esquilmando en las ciudades en las que gobierna", enfatiza Martín.