El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados por el conocido como 'caso Naranjax', un proceso relacionado con la agilización de autorizaciones administrativas de productos fitosanitarios a cambio de comisiones económicas, en el que siempre ha proclamado su inocencia desde que en 2003 se presentó la querella que dio origen al procedimiento. De hecho, cuando este pasado mes de marzo el juez acordó abrir el juicio oral, se congratuló de que "ya era hora" de poder defenderse de "insultos y mofas de gentuza".

Fue el empresario Vicente Vilar, que había sido amigo suyo, quien en 2003 presentó la querella de origen del proceso, en la que acusaba al exdirigente 'popular' de cobrarle dinero por favorecer a su empresa. De ahí, Fabra ha pasado a enfrentarse a los 13 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Asimismo, le reclama una multa de 1,8 millones de euros y la devolución a Hacienda de 693.074 euros. En la causa también son parte Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores.

En su primera declaración, en rueda de prensa en Peñícola, acompañado por el entonces conseller de Justicia, Víctor Campos, aseguró que "nunca" habia sacado provecho de su condición de presidente de la corporación provincial o del PP de Castellón y que su actividad pública no le había reportado ningún ingreso distinto al de la retribución oficial "salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia".

Un año después, en enero de 2004, y antes de declarar como imputado en el juzgado de instrucción número 1 de Nules que instruyó el caso, Fabra anunció que afrontaba la comparecencia "con mucha tranquilidad" porque tenía la "conciencia tranquila".

En fechas más recientes, en 2012, en la clausura del 13 Congreso Provincial del PP de Castellón, tras el que abandonó la presidencia del partido, Fabra reiteró su inocencia y anunció que lo demostraría. En su defensa, dijo que el proceso había sido "perfectamente articulado y orquestado por medios de comunicación de la izquierda y por la ingenuidad de algunos independientes".

Ya en este 2013, tras conocer la decisión del juez de abrir juicio oral contra él, Fabra se congratuló de que "ya era hora" de llegar a la vista tras "nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza".

En sus declaraciones más contundentes, se mostró "tranquilo" porque, aseguró: "durante nueve años he soportado humillaciones públicas, insultos e improperios, sobre todo por parte de partidos como PSOE, EU y Compromís, que me han insultado a mí y a mi familia, mintiendo y haciendo valoraciones sobre mi persona con absoluta impunidad".

"podré defenderme"

"A partir de ahora podré defenderme, y cuando se celebre el juicio, a los insultadores profesionales se les acabará la impunidad", añadió. Ese mismo día, Carlos Fabra presentó al presidente de la Generalitat su dimisión "irrevocable" como responsable de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas).

En todo este tipo, el expresidente de la Diputación ha recibido el apoyo de su partido, especialmente en Castellón, y de algunos dirigentes, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en 2008 en una visita a la capital de La Plana dijo que Fabra tenía la "presunción de inocencia" y le calificó de "ciudadano y político ejemplar". Por contra, la oposición estuvo reclamándole continuamente su dimisión.