Un total de 104 ayuntamientos solicitan acogerse a las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de titularidad municipal y dehesas boyales, por un importe de casi 1,5 millones de euros.

Unas propuestas de obras a realizar por los ayuntamientos que suman más de 3,5 millones de euros y que podrán ser subvencionadas en un 75 por ciento del valor de la inversión a realizar, pero con un límite de 52.500 euros por explotación y convocatoria, de acuerdo a los criterios que se establecen en la Orden de 2 de julio de 2013, informa el Gobierno extremeño en una nota de prensa.

De las solicitudes presentadas casi el cincuenta por ciento piden ayuda para la instalación o mejora de cerramientos, el 22 por ciento para la ejecución de obras de suministro de agua con fines agrarios y el 20 por ciento para la edificación de naves, mientras que 11 de las propuestas están dirigidas a la realización de pasos canadienses para el ganado.

Las obras

Las obras responden a los requisitos recogidos en la citada orden de 2013, y en la que se dice que serán objeto de ayudas las inversiones en infraestructura que efectúen los ayuntamientos en las fincas objeto de la convocatoria y siempre de acorde con la actividad productiva agraria que se realice en las mismas.

Mejoras entre las que se incluyen pozos de sondeo, charcas, abrevaderos y otras instalaciones destinadas a fines agrarios que permitan racionalizar el uso de agua dentro de la finca, así como la rehabilitación de edificaciones ya existentes, la construcción de naves y la instalación de cerramientos.

Asimismo también pueden ser subvencionados los honorarios de técnicos derivados de las redacciones de proyectos o memorias técnicas, mientras que quedan excluidas de la convocatoria las inversiones realizadas en centros de limpieza y desinfección de vehículos del sector ganadero, mangas de manejo, embarcaderos de animales e instalación o renovación de básculas ganaderas.

Las solicitudes, que están en fase de revisión técnica y administrativa, serán valoradas por una comisión que determinará la puntuación de cada una de las propuestas presentadas, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la tasa de desempleo y la población agraria del municipio solicitante, así como las características de las fincas y las mejoras a realizar en las mismas.