La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha apuntado que la Junta de Andalucía acudirá a los tribunales si el Gobierno central no recapacita sobre el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, por un lado, y si no hace frente a los pagos de las cantidades reconocidas en virtud de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía.

Montero ha recordado a Europa Press que la Junta por una parte requirió la revisión del objetivo de déficit para que "haya una mayor flexibilidad y se reparta con las comunidades autónomas", por lo que espera que el Gobierno central "recapacite, pues, en caso contrario, lo llevaremos a los tribunales", ha agregado.

Ha agregado que a esta situación se suma que el Gobierno central "no ha hecho frente a ni un solo pago de los 1.500 millones de deuda en virtud de la DAT del Estatuto de Autonomía", por lo que advierte de que si no se contempla en el detalle de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, la Junta acudirá a los tribunales "para obligar a hacer frente a esos pagos".

Montero ha calificado los Presupuestos Generales del Estado para 2014 de "engañosos", toda vez que "esconden que no va a haber creación de empleo para el año próximo, ni va a haber recuperación económica ni se crearán políticas de estímulo", de forma que obligará a "ahondar en una mayor austeridad" en el presupuesto andaluz y de todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a Europa Press, Montero ha indicado que los PGE para 2014 "son presupuestos que se han presentado de forma triunfalista, cuando de la lectura de los datos se desprende lo contrario, son engañosos".

De esta forma, lamenta que estas cuentas "no ayudan a la recuperación económica, sino que ahondan en la austeridad", por lo que "el país saldrá de la crisis a pesar de estos presupuestos y no gracias a ellos". Así, Montero asegura que, analizando las líneas generales de los PGE, "no se contemplan medidas de estímulo económico" a lo que se suma el hecho de que los ministerios "van a tener menos dinero para desarrollar políticas públicas y el interés por el pago de la deuda es superior en 2.000 millones al gasto en todos los ministerios".

Asimismo, Montero apunta que la inversión civil "cae un 27 por ciento respecto al presupuesto del año anterior", algo que "nos lleva a cifra de los años 80", asevera la consejera.

Montero deja claro que el Presupuesto de 2014 del Gobierno central "no tendrá efectos sobre la creación de empleo, pues se reconoce una pérdida de 560.000 empleos a tiempo completo durante 2013 y durante 2014 se perderán otros 30.000 empleos más", tras lo que apunta que las cifras de incremento en 17.000 empleos es "engañosa", toda vez que "se debe a la salida de inmigrantes y al incremento de la temporalidad, por lo que con esas dos variables intentan presentar para el año próximo una cifra de creación de empleo".

La consejera lamenta que los PGE "vuelven a cargar el peso del ajuste en las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de sanidad, educación, dependencia y políticas sociales", toda vez que las comunidades "tendremos que hacer cinco veces mayor esfuerzo exigible que el que se reserva el Gobierno", lo que obligará a "un presupuesto más austero en nuestro ámbito territorial para cumplir con las previsiones que el Gobierno marca siguiendo la senda impuesta por Bruselas".

Bajada del fci

Montero ha lamentado el descenso en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que tiene afectación directa sobre Andalucía, y donde se ha reducido en un 22 por ciento en relación con el año anterior, de forma que se cifra en 159 millones de euros, de manera que desde 2011 el descenso acumulado es del 42 por ciento. Montero ha recordado que este fondo "garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y es un instrumento del sistema de financiación para la cohesión territorial", por lo que con esa caída "seguiremos ahondando en la brecha entre comunidades de más volumen de renta y las de menor volumen de renta".

Además, la consejera lamenta que las políticas activas de empleo "se recortan de forma importante y no se reconoce la liquidación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de 1.500 millones de euros", aunque reconoce que "habrá que esperar al desglose detallado".

Acudir a los tribunales

Ha recordado que la Junta por una parte requirió la revisión del objetivo de déficit para que "haya una mayor flexibilidad y se reparta con las comunidades autónomas y no nos veamos obligados el año próximo a que nuestro presupuesto sólo contemple un uno por ciento de déficit, pues ese reparto es injusto". "Esperamos que el Gobierno central recapacite y en caso contrario lo llevaremos a los tribunales", ha agregado.

A esta situación se suma que el Gobierno central "no ha hecho frente a ni un solo pago de los 1.500 millones de deuda en virtud de la DAT del Estatuto de Autonomía". Ha agregado que esas cantidades "nos hacen más falta que nunca para nuestra elaboración presupuestaria, para así no ahondar en la austeridad". Por ello, ha insistido en la idea de que la Junta acudirá a los tribunales "para obligar a hacer frente a esos pagos", puesto que "no se ha movido ni un solo dedo por parte del Gobierno, al menos para pactar ni en qué tiempo ni en qué plazos se revertirá ese dinero".

No obstante, la consejera ha indicado que esperará al lunes "para ver como la inversión afecta a la comunidad y ver como se han dotado todos los fondos", de forma que los datos del lunes "nos permitirán hacer nuestro propio presupuesto, por lo que para nosotros es vital que esas cantidades estén bien consignadas, pues nuestro presupuesto tendrá que profundizar aún más en la austeridad de lo que lo ha hecho este viernes los PGE".

La consejera ha dejado claro que la Junta "va a cumplir con su obligación y formulará su propuesta de presupuestos, aunque con los datos que tenemos la situación en la que s pone a todas las comunidades es extraordinariamente complicada, al recibir menos transferencias del Estado, lo que dificulta la elaboración las cuentas".

"Si el único margen de flexibilidad que tiene el conjunto del Estado, que viene sobre el objetivo de déficit, no se plantea ni un signo ni una posibilidad de negociación, ello aboca a las comunidades autónomas a tener unos presupuestos muy difíciles que tendrán su repercusión al límite del sostenimiento de las políticas públicas", ha advertido la consejera.

Por ello, cree "urgente" la revisión del modelo de financiación, que "se demuestra injusto, sobre todo la caída de los FCI". "El objetivo de déficit sigue siendo la obsesión fundamental que se convierte en una espada de Damocles", ha aseverado Montero.