La vicesecretaria general y portavoz del PA, Marta Mejías, y la secretaria general de políticas sectoriales del PA, Lola de Toro, han mostrado este viernes su apoyo a las reivindicaciones de los procuradores en contra del anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales.

Así lo han destacado en una rueda de prensa en Córdoba, acompañadas por la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, Marisol Capdevila, quien ha leído las reivindicaciones del cuerpo de procuradores, después de que "este anteproyecto elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, generando un conflicto de intereses, dado que las funciones de abogado y procurador son totalmente diversas".

De este modo, advierte de que "el abogado persigue el exclusivo interés de su cliente, mientras el procurador representa a este pero como colaborador de la Administración de Justicia", a lo que añade que "se eliminan los aranceles, a excepción de cuando actúan como agentes de la Autoridad, justificando así el anteproyecto como medida económica para abaratar el proceso, lo cual no va a suceder, el arancel implica una garantía para los consumidores y usuarios, cumpliendo así un fin social, ya que los precios están fijado y moderados por el legislador".

Mientras, Lola de Toro hacía un resumen del texto presentado y argumentaba el apoyo a este colegio profesional por ser "una nueva e inadmisible injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, rompiéndose la deseable independencia y separación de Poderes", por tanto, agrega, "de seguir adelante y aprobarse, afectaría a una profesión que integra y ocupa a 1.800 procuradores andaluces con más de 70 empleados de los diferentes colegios de Andalucía y un número indeterminado de andaluces empleados en los despachos entre auxiliares y oficiales habilitados".

Es por ello que el PA, muestra su "disconformidad", porque "la intercambiabilidad de las profesiones de abogado y procurador perjudica la agilización en el trámite de los procedimientos judiciales, causando mayores retrasos, si cabe, en la resolución de los expedientes, resultando perjudicados la ciudadanía", al tiempo que lamenta que "el Ejecutivo está priorizando nuevamente el supuesto ahorro frente a la efectividad y buen funcionamiento de todo servicio que ha de garantizarse al ciudadano, puesto que este lo sufraga con sus impuestos".

Por su parte, Marta Mejías ha subrayado que los andalucistas exigirán al Estado y al Gobierno andaluz "una Justicia independiente, eficaz y con todas las garantías para los andaluces", puesto que "no se puede tener una justicia y administración transparente si las políticas van continuamente dirigidas a reducir efectivos, humanos, materiales y económicos, como es este caso", ha defendido.