El secretario general de CCOO Región, Daniel Bueno, ha advertido que actualmente quedan 25 convenios colectivos sectoriales "sin firmar" en la Comunidad de Murcia. Aunque diez de ellos "no afectan a muchos trabajadores ni hay condiciones para negociarlos", los 15 restantes "afectan a unos 80.000 trabajadores", ha advertido.

De estos 15 convenios que quedan por firmar, ha remarcado entre los más importantes el de la hostelería, que lleva sin negociarse desde hace cinco años y que fija unos salarios "muy bajos"; así como el convenio de la recolección de cítricos; y el convenio de los hospitales privados, que fija unas condiciones "muy precarias".

En total, Bueno ha señalado que actualmente hay 58 convenios sectoriales que se están negociando en la Región de Murcia, 32 de los cuales están firmados o prorrogados, es decir, el 55 por ciento, mientras que los 25 restantes están sin firmar.

El secretario general de CCOO ha achacado estos datos "al efecto que está teniendo la reforma de la negociación colectiva que hizo el Gobierno central sin necesidad de hacerla, porque el marco de negociación colectiva había funcionado razonablemente bien".

Bueno ha hecho estas declaraciones acompañado por el secretario confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO, Ramón Gorriz, para analizar, por un lado, la situación de la negociación colectiva teniendo en cuenta que, a partir del pasado 8 de julio los convenios "podían perder su eficacia".

Asimismo, Gorriz y Bueno han analizado también la estrategia de trabajo que CCOO está desarrollando estos meses para que aquellos convenios colectivos que han dejado de existir o no hayan concluido en su negociación se pueda recuperar el marco de negociación colectiva y el marco de trabajo.

Bueno ha recordado que estaba previsto retomar la negociación del convenio colectivo en la hostelería a mediados de este mes de octubre. Se trata de un documento que, según ha reprochado, lleva cinco años "sin revisarse ni negociarse por la negativa de la patronal a avanzar en su negociación".

El secretario general de UGT espera que esta negativa "se resuelva positivamente, porque es un convenio que incluía salarios que ya eran muy bajos hace cinco años" y porque sería "contradictorio" mantenerlos "si es verdad la voluntad política, social y de los empresarios de que la Región base parte del desarrollo económico de su futuro en la hostelería y el turismo".

El convenio de recolectores de cítricos, por su parte, afecta a más de 6.000 trabajadores, muchos de los cuales además "son trabajadores extranjeros e inmigrantes", ha advertido.

Igualmente, ha destacado la importancia que tiene el convenio de los hospitales privados por la repercusión social que tiene, y que cuenta con unas condiciones "muy bajas respecto a las condiciones económicas y salariales asimilables en cualquier otro ámbito sanitario".

Además, Bueno cree que la patronal "ha invitado a sus empresas a descolgarse de la aplicación de las condiciones del convenio de los hospitales privados" y, por tanto, a aplicar "el salario mínimo interprofesional y las condiciones del estatuto de los trabajadores". Por ello, ha arremetido contra la posibilidad de "basar la eficiencia de la sanidad privada en relaciones laborales con salarios muy bajos y sin condiciones".

Reforma de las pensiones

Durante su intervención, Gorriz se ha felicitado por la decisión del Consejo Económico y Social (CES) de rechazar las propuestas del Gobierno sobre la reforma de las pensiones y planteando que tiene que abrir "una negociación de verdad, que dé satisfacción a los problemas que tiene el sistema de pensiones".

A su juicio, que el CES, donde están representadas las organizaciones empresariales, los sindicatos más representativos y la sociedad en su conjunto, "apruebe por consenso el rechazo a la propuesta del Gobierno, implica que el Gobierno central debería evitar aprobar su propuesta".

Ha criticado que esta reforma "reduce el poder adquisitivo de los pensionistas y no sirve para resolver los problemas estructurales que tiene el sistema".

CCOO ha presentado propuestas "que significarían recaudar 47.800 millones de euros en corto espacio de tiempo, evitando reformas como las que plantea el Gobierno del factor de sostenibilidad o que las pensiones dejen de referenciarse con el IPC".

Ha advertido de la importancia de la pérdida de poder adquisitivo "en un país en el que una parte importante de los hogares dependen de la renta de algunos pensionistas", por lo que supondría "incrementar la pobreza y la precarización en España, además de no dar salidas al consumo y seguir en una recesión larga".

Gorriz también ha lamentado que se congelen los salarios de los empleados públicos, que ya han perdido "375.000 puestos de trabajo desde que empezó la crisis y han perdido del orden del 20 por ciento de su capacidad salarial desde los primeros recortes en 2010". Si, además, el Gobierno central "anuncia que hay que seguir reduciendo empleo", Gorriz cree que "estamos ante una línea que apuesta por el debilitamiento del estado social".

El secretario confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO también cree que "se reduzcan los presupuestos del FOGASA, habiendo más de un centenar de miles de trabajadores en espera, precisamente, de esas prestaciones".

Tampoco entiende cómo se reducen "más de un 21 por ciento las prestaciones por desempleo", en una situación en la que ha aumentado el paro "gravemente". A su juicio, "no cabe duda de que lo que piensa el Gobierno central es en reducir las prestaciones para los parados, en un país en el que las prestaciones no contributivas ya son más que las contributivas y en el que hay casi dos millones de hogares sin ingresos".

Reforma laboral

Un año y cinco meses después de la puesta en marcha de la reforma laboral, Gorriz critica que no se han cumplido "casi ninguno de sus objetivos", ya que "ha servido para devaluar los salarios, para incrementar el poder empresarial en temas como los despidos, la contratación o la flexibilidad interna".

"También han crecido los despidos y la contratación a tiempo parcial, porque es el contrato más flexible", ha reprochado Gorriz, quien recuerda que uno de los objetivos de la reforma era incrementar la contratación indefinida.

En este sentido, ha remarcado que en España "se hicieron 170 millones de contratos entre 2000 y 2010, cuando solo hay 15 millones de trabajadores, lo que indica el modelo productivo del país, un modelo precario, de rotación constante, y que apuesta por el modelo de toda la vida y que ha conducido a la situación actual, basado en la especulación y en la burbuja inmobiliaria".

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