La futura Ley gallega de accesibilidad "reforzará" el apoyo a las personas discapacitadas con "un enfoque más global" y endurecerá las sanciones a quienes cometan infracciones, que irán desde los 300 euros, en el caso de incumplimientos leves, al millón de euros, en aquellos casos en los que las irregularidades sean consideradas como "muy graves".

Además, según ha informado a Europa Press la Consellería de Traballo e Benestar, el texto analizado por el Consello de la Xunta contempla la vía de imponer sanciones accesorias, en los casos más graves, que podrían suponer la supresión, cancelación o suspensión de las ayudas oficiales, e incluso la suspensión de la actividad de la que se trate.

En cuanto a la tipificación, los supuestos son múltiples y van, por ejemplo, desde la ausencia de medios de señalización necesarios para identificar los itinerarios accesibles —lo que supondría una infracción leve— al incumplimiento en la proporción mínima establecida de reserva de viviendas para personas con discapacidad —grave— o el incumplimiento "reiterado" de requirimientos administrativos, que sería muy grave.

Al margen del endurecimiento de las sanciones, tras la reunión semanal de su Gobierno, Feijóo ha subrayado que el texto incorpora otras novedades como "más facilidades" para la movilidad de las personas con discapacidad y más acceso a la vivienda, pasando del 3 al 4 por ciento el porcentaje de reserva de viviendas adaptadas en la promoción pública.

"enfoque más global"

El presidente ha incidido en que el texto permitirá "actualizar y unificar" la normativa, además de suponer un cambio de filosofía puesto que blindará "un enfoque más global" al incorporar ámbitos que no estaban regulados como los referidos a la sociedad de la información, a las telecomunicaciones y al acceso a bienes y servicios de las administraciones.

Así, las administraciones públicas deberán promover la supresión de barreras mediante el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas y humanas, como los intérpretes de lengua de signos para personas sordas, con discapacidad auditiva o ciegas.

Para alcanzar este objetivo, se fomentará la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y guías-intérpretes y la existencia en las administraciones públicas de personal especializado.

La norma también regulará que a la Comisión Técnica de Accesibilidad se incorpore personal de los departamentos autonómicos competentes en materia de urbanismo, vivienda y movilidad. En este único órgano se depositarán también funciones como la incoación, tramitación y propuesta de resolución de expedientes sancionadores.