Trabajadores de Catalunya Banc en Andalucía, Extremadura y Canarias tienen previsto efectuar una concentración este lunes ante la sede del Banco de España en Sevilla en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la entidad, que contempla el despido de cerca de 2.500 trabajadores y el cierre de todas las oficinas que estén situadas fuera de Cataluña.

La concentración, convocada por los sindicatos, tendrá lugar en la plaza de San Francisco de Sevilla, frente al Banco de España y se prevé una asistencia superior a 300 personas.

Durante la concentración se realizará una representación-performance de impacto que pretende escenificar "cómo miles de trabajadores estamos siendo víctimas de las decisiones de terceros, basadas en criterios macroeconómicos que no explican y que no garantizan una mejora a futuro".

Esta concentración coincide en día y hora con una manifestación convocada en Barcelona con el mismo propósito.

CCOO y UGT han anunciado además dos jornadas de huelga para el día 30 de septiembre y 1 de octubre, para expresar el rechazo al ERE presentado por la dirección de la empresa.

Para CCOO, el plan de reestructuración en Catalunya Caixa es "antieconómico y antisocial", toda vez que "Catalunya Caixa quiere realizar una reestructuración que conllevaría la destrucción de un total de 2.395 puestos de trabajo, aproximadamente el 40 por ciento del total, además de contemplar abandonar toda actividad financiera fuera de Cataluña".

En concreto, en Andalucía (también en Extremadura y Canarias) el plan contempla el cierre o la venta de la totalidad de las oficinas. El cierre de estas oficinas "supondría la desaparición de la entidad en estas regiones, la desatención de nuestros clientes". Precisa que en el caso andaluz, la pérdida de empleo directa "podría ser superior a las 250 personas".

CCOO considera que es antieconómico porque "supone un coste brutal para la sociedad pues en ningún momento se explica la viabilidad de la entidad tras la reestructuración, toda vez que hasta ahora ha recibido alrededor de 12.000 millones de euros en ayudas públicas que difícilmente se recuperarán con el plan propuesto". Asimismo, cree que es "antisocial" porque supone "la destrucción de miles de puestos de trabajos directos e indirectos" y porque el coste de la "terrible gestión" de los directivos "lo está sufriendo la sociedad y la plantilla".

Por su parte, UGT ha lamentado en una nota que la dirección de la entidad "ha planteado y no negociado un ERE con un resultado escalofriante, como es el despido de 2.500 trabajadores y el cierre de todas las oficinas que estén situadas fuera de Cataluña, con el consiguiente empobrecimiento bancario y de empleo —limpieza, seguridad, mantenimiento de oficinas, notarias y gestorías— de todas las comunidades".

Según la Federación de Servicios de UGT-A, "como otras veces, la incompetencia de los equipos directivos que han sumido a las entidades de crédito en su crisis más profunda, se resuelve como siempre, con jubilaciones e indemnizaciones millonarias para los directivos y la calle y el paro para los trabajadores, que no han sido responsables de este desastre".

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