Los responsables del Partido Castellano (PCAS) trasladará a la Fiscalía General de Castilla y León los datos conocidos sobre la gestión de las empresas públicas que emanan del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la contratación por parte de estas empresas públicas en 2011, al considerar que los responsables de estos organismos dependientes de la Junta de Castilla y León "podrían haber incurrido en los delitos de falsedad en documento público, administración desleal y prevaricación".

El PCAS, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado "expresamente" a los responsables en 2011 de las empresas ADE Financiación SA (actualmente denominada Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl).

La formación ha indicado que sus servicios jurídicos redactarán "en breve" la correspondiente denuncia, que presentará la próxima semana ante la Fiscalía, y reclamarán la realización de una auditoría de cuentas completa de la gestión económica de estas entidades que debería fiscalizar la Junta de Castilla y León.

Los castellanistas consideran que la presentación del informe del Tribunal de Cuentas en las Cortes de Castilla y León sobre la contratación realizada por estas empresas públicas "evidencia que su funcionamiento se encuentra al margen de la ley, incumpliendo de manera reiterada y abusiva la Ley de Contratos del Sector Público".

Posibles responsabilidades

Por ello, han afirmado que sus responsables, nombrados políticamente por el equipo de gobierno de Juan Vicente Herrera, "habrían incurrido en responsabilidades penales, y que no pueden aducir desconocimiento de los procedimientos habituales de contratación en las administraciones públicas, que deben garantizar publicidad y transparencia en los concursos públicos y garantías de equidad y del máximo interés público en las adjudicaciones y contrataciones".

El PCAS considera "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas y ha incidido en que "pone en cuestión total" la gestión de las empresas ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León; Provilsa y Somacyl, "evidenciando que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios".

Además, la formación cree que se ponen también en cuestión los sistemas de selección de su personal y se siembran "sombras de sospecha" igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado.

A juicio del PCAS, la gestión de estas empresas públicas, "al tiempo que se desarrolla al margen de la ley", son un "caldo de cultivo partidista para casos de nepotismo y corrupción, despilfarrando el dinero público en sueldos escandalosos para sus responsables y generan una profunda irritación en la ciudadanía que comprueba la pésima gestión del dinero público por los responsables de la junta de Castilla y León en un momento de una crisis económica tan intensa, que se ceba en los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios".

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