El defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, se ha dirigido a la Defensora del Pueblo estatal solicitándole que pida al Ministerio de Sanidad la derogación de la medida que exigirá, a partir del 1 de octubre, el cobro del 10% del precio (con un límite de 4,2 euros por envase) de los medicamentos que se dispensan por los servicios de farmacia de los hospitales a personas con enfermedades crónicas.

En un comunicado, el defensor del Pueblo de Navarra ha expuesto que se trata de medicamentos que no son de uso hospitalario, sino de dispensación hospitalaria. Y ha recordado que hasta ahora la dispensación hospitalaria de estos medicamentos era gratuita, pero, a partir del 1 de octubre, dichos medicamentos quedan sometidos a copago por parte del usuario.

Pone de manifiesto el Defensor del Pueblo navarro que esta medida ha causado un "hondo rechazo" en un amplio sector de entidades y colectivos de profesionales sanitarios, así como de entidades representantes de pacientes afectados, como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Para el defensor, la carga económica añadida por esta medida puede suponer un "peligro" para el "precario estado de salud" de los pacientes y, por ende, "lesionar su derecho constitucional a la protección de la salud". "Además, puede suponer una desconsideración por parte del Estado social hacia un sector de personas muy vulnerables por su padecimiento de enfermedades crónicas graves", ha añadido.

Desde la óptica administrativa, ha añadido, "se trataría de una medida que podría ahorrar una cantidad económica muy inferior a la que costará su implantación, ya que las farmacias hospitalarias no estarían preparadas, ni tendrían medios técnicos para implantar la medida de copago".

"Además, la permanente y continuada gestión por las farmacias hospitalarias del copago resultaría más costosa que los ingresos obtenidos por el mismo", ha afirmado, para añadir que "el ahorro económico que supondría esta medida es muy escaso o, cuando menos, menor, en relación con el perjuicio que causará a los pacientes afectados".

El Defensor del Pueblo de Navarra recuerda a su homóloga estatal que también el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha declarado que "este copago no tendría ni un efecto disuasorio en el consumo ni supondría un ahorro sustancial" y sus efectos negativos alcanzarían a unos 1.400 pacientes afectados por enfermedades como esclerosis múltiple, hepatitis C, leucemia mieloide crónica, etcétera.

Ha recordado el defensor del Pueblo de Navarra que, según información de los medios de comunicación, ocho Comunidades Autónomas habrían declarado que no aplicarán el copago a partir del 1 de octubre de 2013.

A su juicio, de facto, por unas u otras razones, "la medida de copago se podría implantar y aplicar en solo algunas Comunidades Autónomas, con lo que ello provocaría un trato desigual a los pacientes según residan en una u otra Comunidad Autónoma".

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