La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, ha considerado la exclusión de esta comunidad del Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas presentado por el Gobierno de España como "un castigo" de éste a la "desobediencia de la Junta" en materias como la nueva norma del ibérico, los Fondos de Desarrollo Rural, la reforma local o el proyecto de ley de Planta y Demarcación Judicial.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Redondo ha reivindicado "un trato igual" para Castilla y León con respecto al resto de España y ha asegurado no entender "el maltrato sistemático" que, a su juicio, sufre la Comunidad por parte del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Miguel Arias Cañete.

La viceportavoz socialista también ha planteado la posibilidad de que la actitud del Ministerio responda a "un enfrentamiento personal" entre Cañete y la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, pero ha exigido una "rectificación" de lo que considera un "perjuicio" para los agricultores y ganaderos castellanoleoneses.

Asimismo, ha alertado del "efecto llamada" que la exclusión de Castilla y León del plan puede tener para los ladrones de otras provincias que sí se beneficiarán de esa protección especial, los cuales "podrían sentirse atraídos" por otras que no la tienen y hacer, de esta forma, que la situación "empeore" y que los robos en el medio rural de la región "aumenten".

Redondo también ha pedido "coordinación" al PP y ha tachado de "ilógico" que este partido tome medidas "sin consultar al PP en los territorios, ni siquiera a la Junta de Castilla y León".

Por su parte, la portavoz socialista de Agricultura en las Cortes, Ana Sánchez, ha acusado al Gobierno de mentir en las cifras ofrecidas sobre la bajada de los delitos en el campo, para lo que ha comparado el número hecho público por el Ejecutivo a nivel nacional en 2012, 15.234 delitos, con los 23.655 que ofreció como respuesta a una pregunta en el Congreso de los Diputados.

"Tenemos que creernos que los delitos en el campo en Castilla y León en 2012 fueron 1.284 y que entre enero y septiembre de 2013 fueron 1.233. Cómo explica entonces que ha habido una bajada de delitos en el medio rural del 30 por ciento", ha planteado Sánchez.

El "enésimo agravio"

Por todo ello, la procuradora socialista ha hablado de "despropósito" contra los agricultores y ganaderos de Castilla y León y lo ha definido como el "enésimo agravio" que sufren por parte del Gobierno de España, algo que considera "inadmisible", al tiempo que ha preguntado a la Junta "a qué espera" para "pedir explicaciones y defender los intereses de la Comunidad, en lugar de los de Génova".

Asimismo, ha anunciado una serie de iniciativas tanto en las Cortes autonómicas como en las nueve diputaciones provinciales para solicitar la inclusión de Castilla y León en este plan. En este sentido, ha reclamado, además, "planes específicos" para zonas más afectadas por estos casos, como las comarcas zamoranas de Toro y La Guareña, las salmantinas de La Armuña y Las Arribes, las vallisoletanas de Medina del Campo y Tordesillas y la abulense de La Moraña, donde la situación "es insostenible".

Por último, Ana Redondo ha pedido que, al margen de la vigilancia en el campo, se intensifiquen los controles "sobre la trazabilidad del cobre" y se persiga a las empresas que compran este metal robado.

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