El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, por el que la actualización de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas dejará de estar vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Supondrá que cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación. La entrada en vigor está prevista para enero de 2014.

Su objetivo es contribuir desde el sector público a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales y otras reformas como la de las pensiones.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado en rueda de prensa que esta norma supone la "retirada de los efectos perversos" de la vinculación al IPC.

El principio general es desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por parte del sector privado de la misma práctica.

La nueva ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) y tendrá un amplio efecto en las economías familiares.

Se estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. En cuanto al sector privado, la adopción será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, se aplicará la no indexación de forma automática.

Quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros.

Así, la nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban cada año utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno elimina esta vinculación al IPC y analiza las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios.

Por ejemplo, el precio del billete de los autobuses de línea interurbanos subió una media del 2,4% el 1 de abril por la actualización de tarifas acordada por el Gobierno y el sector en el año 2000, que tenía en cuenta el IPC medio del último año y se ajustaba en función de la evolución del número de viajeros que registrara cada línea. Tras la entrada en vigor de la ley, el precio de estos billetes sólo tendría en cuenta elementos que afectaran al coste, como por ejemplo la evolución del precio del carburante y del número de viajeros.

Así ocurriría también con el precio de la botella del butano, peaje en las autopistas, etc.

Se trata con ello de evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado. Las revisiones de precios han de estar relacionadas con los costes directos del servicio y no con otros elementos ajenos.

El Anteproyecto de Ley de Desindexación crea además un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), como forma residual de actualización de los precios.

Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Tendrá, en todo caso, un techo del 2% y un suelo del 0%.

Asimismo, se incorporará el factor de sostenibilidad que se aplicará desde 2019 para adecuar el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida, que se fijará cada cinco año conforme a las tablas de mortalidad de la Seguridad Social.

El Gobierno no cree que desligar la revalorización de las pensiones del IPC vaya a provocar una pérdida de poder adquisitivo significativa para los pensionistas, ya que cuenta con que la inflación se modere gracias a la ley de desindexación de la economía.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno aprovechó la ocasión para dar a conocer el dato del IPC en septiembre.

Sáenz de Santamaría destacó la estabilidad de precios que se ha registrado en septiembre, mes en el que la inflación interanual ha caído más de un punto respecto a agosto y se sitúa en el 0,3 %, la tasa más baja desde noviembre de 2009.