El sindicato CCOO en Jaén tiene previsto reunirse en una asamblea con los extrabajadores de Imesapi —hasta julio del año pasado, la concesionaria del mantenimiento de alumbrado público, semáforos y fuentes de la capital— y con sus servicios jurídicos para estudiar qué medidas adoptar ante la resolución judicial que, según avanzó este jueves el alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha determinado que "no cabía la subrogación" de esa plantilla por parte del Ayuntamiento en la nueva empresa que se hiciera cargo de esos servicios, algo que sigue rechazando el sindicato.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de CCOO en Jaén, José Moral, que ha indicado que los servicios jurídicos de la organización ya estudian las "posibilidades de recurso" que se plantean tras esta sentencia, que, según ha apostillado, son "varias", si bien antes de adoptar una decisión, CCOO esperará a reunirse con los trabajadores para conocer "qué camino prefieren seguir".

No obstante, CCOO "sigue pensando que el Ayuntamiento tiene la obligación de subrogar" a esos trabajadores, aunque el juez no lo haya visto así en una sentencia en la que, además, según Moral, se establece que "la nueva empresa adjudicataria de los servicios que prestaba Imesapi no tiene responsabilidad de subrogar" a los empleados de la anterior compañía, que "debe ocuparse de indemnizar a la plantilla".

Al hilo de esta resolución, el representante de CCOO ha aprovechado para criticar la política del equipo de gobierno 'popular' del Consistorio jiennense en materia de servicios públicos, marcada, en opinión de este sindicato, por la "conflictividad", y que se sitúa "en las antípodas" de los postulados de la organización a la que representa Moral.

Por su parte, el alcalde trasladó este jueves su satisfacción por la resolución del juicio por despido improcedente que se celebró el pasado día 16 de este mes de septiembre a raíz de una demanda de los extrabajadores, porque, según aseveró, "los tribunales le han dado una vez más la razón al Ayuntamiento".

Como se recordará, los 35 exempleados de Imesapi presentaron su demanda contra la propia empresa, pero también contra el Ayuntamiento, las sociedades que realizaron estas tareas hasta la nueva adjudicación —Maindu y Matinsreg— y la actual concesionaria, Indra.