La Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (Olaf) detectó en el desarrollo de los programas europeos 'Daredo' y 'Deputrans' en los años 2002 a 2004, cuando la Diputación de Ourense era primer socio, irregularidades administrativas que "suponen la obligación de reembolsar las cantidades percibidas" y posibles "ilícitos penales" que concreta en posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto europeo, según el Código Penal Español.

El informe de la Olaf, al que tuvo acceso Europa Press, tiene fecha del 22 de julio de 2013 y responde a la investigación desarrollada con varias visitas de control durante el año 2012 a partir de una denuncia recibida en la oficina europea en 2010 "procedente de un empresario español del ámbito de la depuración de aguas", según el escrito.

Fue remitido primero al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que a su vez lo envió a la Diputación, a donde llegó hace tres días, junto con un escrito de "inicio de procedimiento de reintegro del Feder recibido indebidamente", en el que se explica como necesario "descertificar la totalidad de los 10 millones de euros para regularizar la situación, y el reembolso por parte de la Diputación de 10,123 millones de euros".

La Diputación tiene 15 días a partir de la notificación, para presentar alegaciones y documentos "que estime oportunos" y el ministerio tendrá 12 meses para resolver el procedimiento iniciado.

Informe sin anexos

El informe elaborado por la Olaf tras su investigación detalla en uno de sus 30 folios la existencia de varios anexos con los resultados detallados de sus controles, además de las "observaciones" presentadas por la Diputación de Ourense en enero de 2013. Ninguno de ellos fue entregado a los grupos políticos de la oposición, tal como anunció el presidente Manuel Baltar que haría "para que tengan toda la documentación 24 horas antes del pleno que se celebrará el viernes".

La Olaf desgranó en los 30 folios sí dados a conocer por la Diputación a los partidos políticos que el objeto de la denuncia recibida en 2010 eran las contrataciones de una empresa que suministrase depuradoras de pequeño tamaño y compactas, para núcleos de 250 o 500 habitantes y sin generación de lodos, que finalmente fue para la empresa SMA Soluciones Madioambientales y Aguas.

"Si bien la denuncia no hacía referencia a los contratos de asistencia técnica, la Olaf decidió extender el control a éstas porque una parte de ellas se adjudicó también a la empresa SMA y la otra parte a una socia suya, Netglobal", en concreto, la Diputación firmó 10 contratos de este tipo por un importe de 280.800 euros, de los que el 75 por ciento fueron financiados por fondos europeos.

Lo que se encontraron los investigadores en los documentos de las asistencias técnicas fue que no existen registros de cómo comunicó la Diputación los lugares de las obras, "por lo que no se puede verificar si las adjudicatarias cumplieron los plazos determinados en la adjudicación".

Además, según el informe, estas asistencias técnicas contratadas cubrieron las primeras fichas de certificación de obras con fecha de 2 de enero de 2002, "cuando el contrato de adjudicación se firmó el 27 de enero, y otras certificaciones tienen fecha del 29 de enero pero no es creíble que en dos días se hayan visitado 23 municipios y se haya realizado su correspondiente ficha".

Todo para favorecer a sma

Según el informe, el control realizado sobre los requisitos para contratar a una empresa que abasteciese de las depuradoras evidenció que tanto en el proyecto 'Daredo' como en el 'Deputrans' "los pliegos exigieron requisitos no indispensables para el objeto del contrato e innecesarios, que pudieron provocar la restricción de la competencia, sin embargo, la empresa SMA cumplía con todos los requisitos solicitados".

Además, la Olaf considera que la empresa SMA conocía el requisito de "generación neta de lodos nula", información "de la que carecían el resto de las empresas, incumpliéndose así el principio de igualdad y no discriminación de los operadores económicos", igual que ocurrió con el requisito de "dimensiones de la obra civil" que restringió la competencia tras su inclusión "y la empresa SMA fue la única que se presentó a estos concursos".

También destaca como "hecho llamativo" el poco peso dado a la "oferta económica" ya que su valor era de 5 puntos sobre 100 para favorecer a SMA frente a las otras dos candidatas que eran Coptalia-Imsetec y Detegasa.

Todo lo investigado permite a la Olaf concluir, según su informe, que la empresa SMA "disponía de información sobre el proyecto 'Daredo' que no era de conocimiento público, sin que la Diputación haya aclarado como pudo obtenerla ni si fue puesta disposición de los otros licitadores", por lo que hay "elementos para pensar que la Diputación diseñó los pliegos de condiciones para favorecer a la empresa SMA y permitió que esa empresa utilizara en su favor información confidencial".

El juzgado archivó el caso

En el informe de la Olaf se detalla la petición de información a la Fiscalía de Ourense sobre la investigación judicial abierta tras una denuncia contra José Luis Baltar —entonces presidente de la Diputación— sobre el mismo tema, finalmente archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense —el mismo que luego instruyó la causa contra José Luis Baltar por los 104 contratos temporales en torno al congreso de elección de su hijo como presidente del PP provincial—.

"La investigación realizada por la Olaf ha tenido un objeto más amplio que la efectuada por la Fiscalía de Ourense pues se analizaron no sólo los contratos de las plantas depuradoras sino también los contratos de asistencia técnica para su instalación, todos cofinanciados con fondos europeos", dice el informe en sus conclusiones.