La organización Adicae, Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, considera que el decreto Ley sobre la función social de la vivienda aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía "generará más polémica que soluciones" y considera que "no ataca la raíz del problema".

En una nota, Adicae reconoce que "por un lado hay que felicitarse de que una Administración autonómica adopte medidas de protección de los consumidores ante el flagrante abuso hipotecario, del que son víctimas millones de familias en España y cientos de miles en Andalucía".

En este sentido, pesar de la "polémica" derivada de que una comunidad autónoma entre a esta materia, Adicae considera positivo el mero hecho de que se concrete en normas el interés por la defensa de los consumidores y se desarrolle dicho interés en materias que las comunidades autónomas tienen encomendadas, como es la defensa de los consumidores.

No obstante, considera que la medida aprobada "ataca las consecuencias de un problema, y no su raíz, al dirigirse a aquellas personas que ya han perdido la vivienda —pues se aplica a las familias cuya vivienda haya sido adjudicada ya al banco— con el exclusivo objeto de que no sean desalojadas y desahuciadas durante tres años".

"Esta medida, de carácter claramente social, no impedirá sin embargo que avancen las 200.000 ejecuciones hipotecarias que están en marcha en España en estos momentos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, muchas de ellas en Andalucía, ejecuciones que acabarán en la pérdida de la vivienda de otras tantas familias", añadió el responsable del Departamento de Relaciones Instituciones de Adicae, Fernando Herrero.

Considera igualmente que, a la hora de valorar la medida, "no se puede pasar por alto además el hecho de que estas ejecuciones y desahucios derivan de una legislación anticuada e injusta, y de unas prácticas bancarias abusivas, lo que contribuye a la justificación de la necesidad de abordar el problema".

"Por desgracia el Decreto aprobado no resolverá el problema hipotecario de millones de familias, ni los abusos de los que están siendo víctimas, en una situación en la que nos podemos acabar encontrado con cientos de miles de desahuciados que requerirán apoyos de las administraciones públicas, y en especial desde las áreas de servicios sociales a todos los niveles de dichas administraciones", indicó Herrero.

Así las cosas, y frente a esta perspectiva, Adicae defiende que "es necesario aprobar una moratoria que paralice durante tres años todas las ejecuciones hipotecarias, y no sólo los desahucios, para abordar así no sólo el grave drama social de las expulsiones de sus viviendas de muchas familias sino el gravísimo problema hipotecario que afrontan millones de consumidores; y es necesario reformar en profundidad la legislación hipotecaria para acabar con abusos institucionalizados como la deuda perpetua tras el embargo, los intereses abusivos, las cláusulas suelo hipotecarias y un largo etcétera de ataques directos a los usuarios".

Paralelamente, en relación a la polémica sobre la legalidad del Decreto y si el Gobierno debe o no recurrirlo o no ante el Tribunal Constitucional, Adicae destaca que la banca "ha demostrado saber velar muy bien por sus intereses, y que más que una lucha jurídica entre el Gobierno central y el andaluz resultaría más positivo para los consumidores para los consumidores que el Gobierno adoptase las medidas propuestas por Adicae tanto al anterior Gobierno de Zapatero como al actual de Rajoy para resolver el problema —como la moratoria a las ejecuciones hipotecarias— que harían que no fuese necesario debate alguno sobre el Decreto andaluz".

Por tanto, Adicae "nada tiene que decir sobre la legalidad de un decreto cuyo texto además aún desconoce hasta que sea publicado en el BOJA" e insiste en reivindicar "medidas de fondo y eficaces, evitando desviar el debate de las verdaderas causas de la grave situación que sufren los consumidores españoles en el ámbito hipotecario", concluyó Herrero.