El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada juzgará el 3 de diciembre, a las 9,15 horas, al actual alcalde de Otura (Granada), el 'popular' Pedro Cabanillas, y su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en la compra de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento del municipio cuando varios informes de los técnicos lo tasaban por la mitad de precio.

En la causa, que fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, están procesadas otras seis personas más: tres ediles de la anterior corporación, del Grupo Independiente de Otura (GIO), entre ellos el que fuera su portavoz, Eduardo Anguita, una exedil del PP, y los actuales concejales del PP Ignacio Pérez Cabrera y María Dolores Dobaño, según consta en el auto que señala la fecha de la vista, al que ha tenido acceso Europa Press.

La operación, que se remonta al mes de septiembre de 2007, fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió de su cargo tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores, y que ya ha abandonado las filas del PP incorporándose a las de 'Populares en Libertad' (PPL).

Los ocho procesados se enfrentan a una petición de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, que comprende la privación del cargo de alcalde y de concejal, según consta en el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe de fecha 10 de octubre del pasado año.

Además, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para los ocho inculpados —el exalcalde como autor del delito y el resto como cooperadores necesarios— la indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Otura de 129.807,91 euros, que es el resultante de la diferencia entre el valor del mercado del solar, y el precio final de adquisición (348.000 euros).

Además, según el fiscal, "procede declarar la nulidad" del pleno municipal del 28 de septiembre de 2007 en el que el equipo de gobierno aprobó el expediente para la adquisición del solar.

A esta últimas peticiones también se suma el PSOE, personado como acusación en el proceso, en el que eleva a diez años su solicitud de inhabilitación al exalcalde, y mantiene la de ocho para el resto.

En coherencia con la responsabilidad civil solicitada por las partes, el Juzgado exigió a los ocho acusados una fianza conjunta y solidaria de 130.000 euros, que es la cantidad probable de la indemnización más las costas y los gastos del proceso.