Isabel Rodríguez no se quedó. A pesar de la acampada nocturna de activistas, de las cadenas en las puertas y del medio centenar de personas que rodeaba su edificio, esta madrileña, su pareja, sus padres y su hija de 8 años fueron desahuciados este miércoles de la vivienda social que el Ayuntamiento de Madrid les concedió en Villaverde.

Un dispositivo policial compuesto por tres decenas de agentes antidisturbios tomó el portal del número 25 de la calle de la Unanimidad a primera hora de la mañana. La comisión judicial llegó a las 9.30 horas con la orden de lanzamiento firmada por el juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid. La negocación emprendida por Manuel San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con los representantes municipales no fructificó. Y comenzó el asalto.

Los uniformados apartaron primero a los concentrados frente al portal de Isabel, miembros de distintas asambleas de Vivienda del movimiento 15-M, la PAH, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social de Madrid y el colectivo Stop Desahucios. Una vez levantaron las barricadas improvisadas, sacaron arrastras a los que se habían encadenado a la cancela de acceso. En el último momento, y al ver llegar el ariete, Efrén, hermano de Isabel, se rindió y dejó de empujar la verja: "Me dieron en los antebrazos. Ha sido brutal. Ya no podía más".

Ya dentro del portal, usaron un ariete y dos mazas para reventar la puerta que familiares y activistas se resistían a abrir. Al entrar, apartaron el frigorífico que había sido colocado como único obstáculo.

Con los muebles en la calle, Isabel se dejaba caer sobre una silla. "No tenemos a dónde ir. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no acepta los pagos. No tenemos dónde ir. Nos dejan en la calle", repetía en conversación con 20minutos.

El Ayuntamiento de Madrid concedió a los padres de Isabel este alquiler por 117 euros al mes en el marco del plan de realojos de la Avenida de los Poblados. A cambio de que abandonase la casa en propiedad de la que disfrutaba, le ofreció una indemnización "a 13 pesetas el metro cuadrado", según sus hijos, y una casa en una nueva promoción. Isabel, víctima de malos tratos por parte de su anterior pareja, se mudó también para cuidar de su padre, que tiene una enfermedad degenerativa, y de su madre, en tratamiento psiquiátrico y que este miércoles tuvo que ser ingresada en un hospital. El hermano de Isabel tiene una discapacidad del 68%.

Ahora, el Consistorio alega una deuda de 1.000 euros y la existencia de dos inmuebles en propiedad de la familia para negarles la protección social, pero la situación tiene varios matices.

En primer lugar, y según reconoce un portavoz municipal, los Servicios Sociales concedieron la casa a los Rodríguez-Romero a pesar de conocer la existencia de estos bienes. En segundo lugar, uno de los pisos está embargado. Sobre el otro pesa un usufructo con caracter privativo, es decir, que la familia no puede usarlo hasta que su actual morador lo deje o fallezca. Además, es "una casa pequeña en la que no cabríamos todos".

Los datos figuran en el Registro de la Propiedad. A ellos se agarró la Administración para rechazar la oferta de compra del inmueble que presentó en su día la familia y para intentar desahuciarles el pasado 2 de julio.

En lo que respecta al dinero, la familia ni siquiera reconoce la deuda que le imputa la EMVS. "Hemos intentado pagarla, hemos ido al banco, pero se niegan a coger el dinero, solo quieren echarnos", alega Isabel. El Ayuntamiento tampoco quiere traspasar a la afectada el contrato de alquiler social a nombre de sus padres. "Isabel siempre ha cuidado de sus padres, pero la EMVS solo quiere vaciar la casa y venderla a fondos de inversión, como está haciendo con muchas promociones", añade el abogado de la PAH.

Isabel y su pareja están en paro. Cobran pensiones por discapacidad que suman, en conjunto, 660 euros que deben dar para pagar techo, gastos y la educación de su hija. La pensión de su padre, jubilado, suma otra cantidad similar, aunque una buena parte se va en atender a su esposa. El hermano, de Isabel, Efrén, tiene otra pensión de 300 euros y duerme en una habitación gracias a la ayuda prestada por una asociación para enfermos mentales. Este jueves, tiene que volver el trabajo. "Mi jefa me ha dicho que ni se me ocurriera ir hoy, que tenía que estar con mi familia, pero mañana debo volver para no perder el puesto", apunta.

A última hora de la tarde, con todas sus cosas en la calle, la familia aún decidía si dormir en la calle. "No hemos podido quedarnos, pero espero que esto les sirva a otros. Tiene que servir", reflexionaba Efrén. El Ayuntamiento asegura que ha dejado de hacer desahucios por motivos económicos y que la decisión, en última instancia, siempre queda en manos de un juez.