El PP ha calificado este martes en el pleno del Congreso de "absurdo por radical y desproporcionado" la propuesta presentada por CiU de convertir el conocimiento del catalán en un requisito obligatorio para poder prestar servicios en la Administración de Justicia de Cataluña.

El diputado José Miguel Castillo ha expresado en el pleno del Congreso el rechazo de los populares a esta proposición de ley de CiU para que la lengua cooficial y el derecho propio de una comunidad autónoma pase a ser un "requisito imprescindible", y no solo un mérito, para prestar servicios en el ámbito judicial del territorio.

La propuesta del grupo catalán resulta, en palabras de Castillo, "desmesurada" por el "grave daño" que provocaría al sistema judicial y al conjunto de los ciudadanos.

En su opinión, la iniciativa parlamentaria conduce a una "discriminación lingüística" en tanto que considera que el derecho propio de la comunidad autónoma debe ser un requisito para acceder a las plazas de la administración.

La propuesta de CiU plantea una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal que, según la diputada de CiU, Montserrat Surroca, es "necesaria y lógica" para garantizar "los derechos lingüísticos" de los ciudadanos en una región con dos lenguas oficiales.

La parlamentaria ha apelado a la Constitución y al Estatut de Cataluña y ha abogado por "respetar adecuada, real y eficazmente" el derecho de las personas a utilizar "su idioma en su forma oral y escrita" ante la Administración de Justicia.

Por su parte, el grupo socialista ha mostrado su "preocupación" por el "retroceso" del uso del catalán en la administración de Justicia en esta comunidad autónoma. Así, el diputado del PSOE Alex Sáez ha lamentado que el uso vehicular del catalán en la vida diaria en esta región choca con una una situación que es "totalmente opuesta" en los órganos judiciales de Cataluña y ha defendido introducir reformas legislativas que adapten la administración de Justicia a la realidad autonómica.

La proposición de CiU ha contado con el respaldo del grupo mixto y del grupo vasco que a través del diputado Emilio Olabarria la ha calificado de "imprescindible y oportuna" pese a saber "lo que va a pasar en la votación final".

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà ha recordado en su discurso el descenso de sentencias dictadas en catalán que se ha producido en los últimos años y ha apuntado a "una actitud ideológica" como la causa de esta bajada.

"En Cataluña existen jueces del registro civil que obligan a casar en castellano", ha añadido el parlamentario que ha rechazado el "cinismo" de aquellos que dicen "querer comprender a los catalanes".

Completamente opuesta ha sido la intervención del diputado de UPyD Carlos Martínez que ha rechazado la proposición por el "monopolio absoluto de la administración de Justicia" que pretende CiU.

La anécdota del debate la ha protagonizado el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet que ha abandonado la tribuna del Congreso por orden de su presidente, Jesús Posada, después de que le advirtiera en tres ocasiones de que centrara su intervención en la proposición de CiU y no en otras cuestiones, en referencia a la retirada de una moción sobre Bárcenas en el pleno.