Los dos ciudadanos de nacionalidad rumana, Ion Valentín y Constantin Stan, considerados autores materiales del crimen de los holandeses asesinados en una casa rural de Molina de Segura se han acogido este martes a su derecho a no declarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura que investiga el caso, Olga Reverte, por no contar con un intérprete y no disponer, en consecuencia, "de la información necesaria".

En concreto, la abogada María de la Encarnación Martínez, que actúa en representación de Constantin Stan, y el letrado Antonio Fracisco Illán, quien ejerce la defensa de Valentin Ion, alegan que el hecho de no disponer de un intérprete oficial supone una "falta de garantías" y dicen estar en "indefensión clara".

Los dos presuntos asesinos, que se encuentran ingresados en prisión, han llegado a los Juzgados de Molina de Segura pasadas las 10.30 horas a bordo de un mismo coche patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, y han permanecido en dependencias judiciales durante una hora aproximadamente, hasta las 11.40 horas, cuando han salido cabizbajos. Incluso, Stan ha sacado la lengua a los periodistas en actitud burlona.

Ambos se han acogido a su derecho a no declarar debido, fundamentalmente, a que los abogados de turno de oficio que ejercen su defensa "no han podido tener a su disposición a un intérprete a efectos de entrevistarse con sus clientes en prisión", según han destacado los letrados a los medios de comunicación congregados en torno a los Juzgados.

Martínez ha señalado que, dada la complejidad de la causa, no se ha podido informar a su cliente "suficientemente, con la profundidad necesaria, a efectos de poder ejercitar su derecho de defensa".

La letrada cree que la situación continúa, "prácticamente, bajo secreto de sumario", porque ella no ha podido "transmitir realmente y de forma exhaustiva" la información a su cliente. Ante esta situación, justifica que Stan "se ha acogido a su derecho a no declarar por no tener la información necesaria de lo que se le imputa".

Y es que Stan "no habla absolutamente nada de español", mientras que Ion "comprende el español, pero tiene un manejo muy limitado de este idioma", según ha puntualizado Illán.

El abogado añade que nos encontramos "ante un asunto de suma gravedad y muy complejo", por lo que justifica la decisión de no declarar con el fin de que puedan ejercer "su derecho de defensa con las debidas garantías y estar informados, sobre todo, de cuestiones técnicas y matices que no comprenden".

Illán ha reclamado la necesidad de que actúe un intérprete "con cualificación profesional y de carácter oficial, que haga la traducción".

Los dos abogados que ejercen la defensa de los rumanos son de turno de oficio, y esta modalidad "cubre la asistencia de un intérprete en sedes policiales y judiciales, pero no lo cubre en prisión".

Por ello, ambos abogados creen que esa petición de un intérprete oficial "se debe canalizar mediante la gerencia del Ministerio de Justicia". Asimismo, van a cursar esta petición a la Embajada en Rumanía.

Martínez ya pidió un intérprete oficial por escrito al Ministerio de Justicia a través del Juzgado poco después de levantarse el secreto de sumario, a finales de agosto, previa consulta al Colegio de Abogados de Murcia, que es el que se encarga de gestionar el turno de oficio y la designación de los letrados.

El Juzgado dio la razón a la abogada y consideraba que, a la vista de que Stan no hablaba español, era necesario ese intérprete, por lo que tramitó esa solicitud a la gerencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, a día de hoy, "no hay respuesta", lamentan.

No obstante, parece ser que el Ministerio ha comunicado telefónicamente al Juzgado que "esa eventualidad no está cubierta por la Ley de Justicia gratuita". Así, la asistencia de un intérprete está garantizada para declaraciones en dependencias policiales y judiciales, pero no para entrevistas en prisión entre los abogados de turno de oficio y sus clientes, como en este caso.

Con todo, los dos abogados han acudido a prisión y han tratado de entrevistarse con sus defendidos, pero "no hay manera, porque hay frases que entiendes y otras que no entiendes". Incluso, los letrados han recurrido "en precario" a otros presos que pudieran intervenir como traductores, pero lamentan que no es una intervención "con la seriedad que requiere un caso de esta envergadura".

Illán ha destacado que tanto Stan como Ion "son reacios a que cualquier interno, aunque sea también rumano, les haga de traductor, porque se está manejando información muy confidencial y muy delicada", por lo que "no se sienten libres ni que se están defendiendo sus derechos en estas circunstancias".

Por todo ello, los abogados están gestionando y tramitando la asistencia de un intérprete oficial. De hecho, lo han vuelto a solicitar y esperan que esta incidencia "se solvente cuanto antes. Incluso, en el Juzgado les han remitido a la Embajada de Rumanía, a la que se van a dirigir para intentarlo.

"no hay indicios"

Al ser preguntados por la consistencia de la imputación de ambos ciudadanos rumanos, Martínez ha considerado que, en principio, "no hay indicios suficientes" en relación a la imputación de Stan en los hechos. Por ejemplo, explica que "en ningún caso se les ha reconocido por numerosos testigos, y no hay una solidez suficiente de prueba o de indicios como para que esté imputado".

Illán, por su parte, considera que "no existen las suficientes pruebas que incriminen a su cliente, Valentin Ion", y que estas pruebas "no son tan contundentes". Además, apunta que hay muchas declaraciones "contradictorias e, incluso, reconocimientos que se realizaron sin las debidas garantías". De hecho, explica que algunos de los que fueron sometidos a la rueda de reconocimiento "se han retractado".

Illán, no obstante, ha asegurado que, una vez que se solvente el problema del intérprete y los dos acusados estén informados con las debidas garantías, es voluntad de sus clientes "colaborar en el esclarecimiento de los hechos y con la administración de Justicia".

"Evidejntemente, ellos tienen que prestar declaración, no es una actitud que a ellos les beneficie guardar silencia indefinidamente. Lo único que pasa es que el motivo por el que no han declarado hasta la fecha es "por falta de garantías, pero ellos son conscientes de que tienen que prestar declaración y colaborar con el esclarecimiento de los hechos".