Un total de 7.921 personas recibieron en 2012 en Navarra la Renta de Inclusión Social (RIS), frente a las 3.162 de 2008, año de inicio de la crisis, lo que supone un 150% de aumento en los cuatro últimos años. En 2013 (datos hasta julio), la cifra alcanza los 7.093 perceptores.

Según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, uno de cada 88 navarros recibe esta prestación, mientras que en España, la tasa es de uno por cada 132 personas.

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, en el Parlamento en una comparecencia a petición propia para analizar el desarrollo y la situación en que se encuentra la Renta de Inclusión Social.

Ha manifestado asimismo que el importe medio de la RIS en Navarra es la más alta de España, situándose en 240 euros mensuales por encima de la media estatal.

El informe que ha expuesto el consejero Alli constata igualmente que el aumento del número de unidades familiares perceptoras de la Renta de Inclusión Social está en estrecha relación con el número de parados, como lo demuestran las curvas de evolución de ambos parámetros.

La correlación entre estos datos no es simultánea, sino que en el caso de los perceptores de RIS se produce un año más tarde, debido a causas como el agotamiento de la prestación por desempleo.

La mayor variación interanual del porcentaje de desempleados se produjo en 2008, con un aumento del 60%. Esta situación se tradujo en un aumento del porcentaje de perceptores de la RIS del 79,1% al año siguiente, en 2009.

Por otra parte, tal y como ha explicado el consejero, el porcentaje de perceptores de larga duración sobre el total alcanza el 43% en 2013, en una progresión constante desde 2010, año en que la tasa se situó en 25% (se entiende como perceptor de larga duración quien recibe la RIS en el año en curso y en, al menos, dos de los tres años anteriores).

En cuanto a las causas de denegación de esta prestación, en 2012 y 2013 se produce una inversión de las de mayor porcentaje, debido a la reforma de la ley: así, en 2013, el 50% de las denegaciones lo fueron por la existencia de recursos suficientes en la unidad familiar, mientras que en el año anterior este porcentaje fue del 25%; esto es debido a que la nueva ley ha establecido un mejor control de los recursos de los solicitantes mediante el cruce de datos con Hacienda y con otros departamentos.

En cambio, la causa relacionada con el agotamiento del tiempo máximo de la prestación, establecido desde 2012 en 24 meses, ha disminuido desde el 31% en 2012 al 9,5% en 2013, lo que se explica porque en el pasado año se resolvieron solicitudes de años anteriores en las que el periodo de prestación no tenía este límite.

No obstante, siguen vigentes las ayudas extraordinarias para quienes dejan de percibir la RIS. Existe también una serie de excepciones a este límite establecidas en febrero de este año mediante orden foral, referidas a familias con menores y/o discapacitados a su cargo, mujeres víctimas de violencia de género y a solicitantes de ayudas para vivienda.

Se ha igualado el porcentaje de hombres y mujeres que solicitan la prestación: si en el periodo entre 2004 y 2008 era, respectivamente de 43 y 57%, entre los años 2009 y 2013 el dato se sitúa en el 51% de hombres y 49% de mujeres.

En cuanto a la composición de las unidades familiares perceptoras, y en los mismos periodos (2004-08, anterior a la crisis, y 2009-12), se produce un descenso de las unidades perceptoras sin menores a su cargo, desde el 59% hasta el 56%, porcentaje que aumenta en el grupo con menores a su cargo, desde el 41 al 44%.

En cuanto al origen, se abre la brecha entre inmigrantes (con o sin nacionalidad española) y autóctonos: entre 2004 y 2008, el porcentaje de los primeros era del 55% frente al 45 de los segundos; en el periodo entre 2009 y 2013, los porcentajes se situaban entre el 58% y el 42% respectivamente.