El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco González, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la dimisión de la funcionaria que venía desempeñando la Coordinación General de Programas de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, así como las "acusaciones sindicales sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero".

En un comunicado, González ha asegurado que "esas acusaciones por parte de la representación de la plantilla municipal han venido acompañadas de la firma, por más de 80 trabajadores de ese departamento municipal, de un escrito en el que se alude a presuntas presiones políticas para obviar los criterios técnicos previamente establecidos para llevar a cabo esas adjudicaciones y para introducir otras consideraciones que, en definitiva, alterasen el listado de beneficiarios".

"Ante la falta de explicaciones convincentes por parte de la alcaldesa en un asunto de extrema gravedad, no nos ha quedado otro remedio que denunciar estos hechos ante la Fiscalía, para que sea ella quien investigue y arroje luz sobre estas denuncias de los propios trabajadores, que afectan a aspectos tan sensibles como la adjudicación de viviendas y la concesión de ayudas sociales", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que Teófila Martínez haya preferido "mantener un absoluto oscurantismo en lugar de actuar con transparencia, cuando la representación sindical y los mismos empleados municipales han dado un paso adelante y han alertado de una situación que merece que se actúe con luz y taquígrafos".

Francisco González ha señalado que la dimisión de la coordinadora general de Programas, Pilar Tubío, fue seguida "de manera inmediata" la pasada semana por un escrito "firmado por tres jefas de programas de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales y del Mayor, en el que solicitaban a las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez explicaciones sobre la renuncia de su compañera, así como por otro documento rubricado por casi un centenar de trabajadores municipales, también en defensa de la actuación de esa funcionaria".

El secretario general ha destacado que la actuación de los Servicios Sociales municipales "no puede permanecer ni un minuto más bajo la sombra de la duda en lo referente a la concesión de ayudas o de viviendas sociales", por lo que ha incidido en la necesidad de que la alcaldesa "despeje toda sospecha en torno a esas denuncias que apuntan a actuaciones tan graves como unas supuestas irregularidades en la adjudicación de recursos públicos y unas supuestas presiones al personal técnico y funcionario".

Finalmente, Francisco González ha recordado que, a pesar de que la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del Registro Municipal de Vivienda establece que la adjudicación de los pisos sociales debe producirse "en el plazo máximo de 10 días desde que un inmueble pasa a disposición del Ayuntamiento, las 102 de la primera fase de Matadero fueron cedidas por la Junta al Consistorio hace ya cuatro meses, sin que sepamos si esa demora tiene que ver con la introducción de criterios de excepcionalidad respecto a los baremos técnicos preestablecidos para obtener la relación de beneficiarios".

La versión del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcalde, José Blas Fernández (PP), se encargaba ya el pasado viernes de dar explicaciones sobre este asunto, asegurando entonces que la carta de renuncia de esta trabajadora les había llegado el 3 de septiembre y que en la misma no se hacía "alusión a nada extraño, ni a los motivos que dicen Autonomía Obrera, IU y PSOE, sino a la carga de trabajo añadido que han generado actuaciones como la del Matadero o la exclusión social"

"No sé de donde ha salido ese cuento porque, además, todos los ciudadanos tienen derecho a renunciar a su puesto de trabajo", sostenía Fernández, que recordaba, además, que el proceso de realojo en las viviendas del Matadero "sigue la normativa andaluza para este proceso, es decir, que lo marca la Junta"; por ello, consideraba "lamentable e indignante" la actitud de la oposición.

"La coacción es un delito y quien habla de eso tiene las puertas abiertas para correr a la Audiencia", remachaba.