El PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el que pide la nulidad del proceso de adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa Compañía de Servicios Públicos Auxiliares, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Cívica Construcciones y Contratas, e Inusa, participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal'.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el concejal socialista en el consistorio alicantino Gabriel Moreno, quien ha apuntado que el pliego de condiciones establece un tipo de contrato por prestación de servicios públicos, el cual, a su juicio, "no es adecuado".

En este sentido, ha considerado que el tipo de contrato que se debería de haber fijado es de servicios. Igualmente, ha afirmado que el tope establecido para admitir proposiciones a la baja por parte de los aspirantes —en un 1,1 por ciento— "ha disuadido al resto" de operadoras nacionales para presentar sus propuestas. "Es un traje a medida de Ortiz", ha subrayado.

"Es evidente que desde el principio se ha buscado disuadir a cualquier operador, nacional o internacional, que tuviera la pretensión de optar a la adjudicación del contrato más caro de este Ayuntamiento. Hablamos de más de 400 millones de euros en diez años, sin tener en cuenta los ingresos que se obtendrán por la entrada de residuos a nuestro vertedero procedentes de otros planes zonales, que sumarán a esta cantidad un importe muy cercano a los 100 millones", ha enfatizado.

Sin publicación en el boletín europeo

Moreno, que ha señalado que el grupo se ha basado en informes de la junta de contratación de la Generalitat, ha indicado que su grupo ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el que han solicitado la nulidad de todo el proceso, del cual también ha resaltado que no ha sido publicado en el Boletín de la Comunidad Europea, con lo que "se ha dejado fuera" a los aspirantes internacionales.

El edil ha expuesto que en caso de prosperar el recurso, pedirán el rescate de la contrata, así como el inicio de un nuevo procedimiento "por el que se asegure un servicio eficaz y eficiente" para la capital alicantina.

Asimismo, ha anunciado que en un plazo aproximado de 15 días, su formación política solicitará también ante los juzgados de la ciudad la "suspensión cautelar" de la adjudicación, al entender que "existen sentencias a nivel europeo" que avalan estas medidas.