La jueza que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano.

Lozano está imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La imposición de esta fianza busca "asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".

La magistrada lo ha establecido así en un auto fechado este pasado viernes y que ha notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas y se acogió a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías.

Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

Al finalizar la declaración de Lozano se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta pidieron medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por PP y Manos Limpias solicitaron que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 57 millones, por las modificaciones presupuestarias que tramitó, más el tercio legal previsto, en total 76 millones.

En concreto, la magistrada imputó a Lozano, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, sostiene que "la inclusión de esta partida inadecuada en el presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de legalidad que la misma significaba".

Por otra parte, Alaya ha anulado su anterior prohibición de compartir letrado, medida que afectaba a 13 imputados en la causa, en su mayor parte ex altos cargos de la Junta; y no ha acordado ninguna medida contra Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, y Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la dirección General de Trabajo.