Los grupos parlamentarios de PP y PSOE dispondrán hasta el día 7 de octubre para presentar enmiendas al Proyecto de Ley de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa, que tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos con la Junta, estableciendo los plazos máximos de resolución y la fijación del sentido del silencio administrativo.

El texto, que fue admitido a trámite esta semana por la Mesa de las Cortes, tiene como fin esencial el respeto a la consideración del silencio administrativo estimatorio "como regla básica de actuación" de la Administración y la eliminación de las trabas en el ejercicio de las actividades económicas, tal y como se especifica en la Exposición de Motivos.

La Ley consta de una exposición de motivos, seis artículos incluidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, tres disposiciones adicionales y dos anexos, tal y como recoge Europa Press.

La ley se aplicará a los procedimientos sobre los que la Administración de la Junta de Comunidades ostenta competencias normativas, tanto respecto del silencio administrativo, como de los plazos de resolución y notificación.

En concreto, aquellos para los que se establece un silencio administrativo desestimatorio, los que tienen un plazo de resolución y notificación superior a tres mees y los que, teniendo un plazo de resolución y notificación igual o inferior a seis meses tienen sentido estimatorio del silencio fijado por normativa de la administración autonómica o sentido desestimatorio del silencio fijado por normativa básica estatal.

No obstante, el texto refleja que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se tramitarán por la normativa vigente en el momento de haberse presentado la solicitud, aunque el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa.

Según los distintos anexos que acompañan a la ley, esta nueva norma afectará a 64 procedimientos con silencio administrativo y plazo de resolución no superior a seis meses, a 9 procesos con silencio administrativo desestimatorio y plazo de resolución superior a esos seis meses, y a 33 procedimientos con silencio administrativo estimatorio.