El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha manifestado su gratitud por la labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que trabajan en "el ejercicio de sus responsabilidades, prestando servicio a los ciudadanos y velando constantemente, por los derechos constitucionales en las manifestaciones y concentraciones celebradas en la provincia".

En este sentido, Lillo, en un comunicado, ha especificado que en la gran mayoría de manifestaciones y/o concentraciones que han tenido lugar desde principios de año, un total de 440, se han llevado a cabo "sin contratiempos y de acuerdo a la normativa vigente", a excepción de la celebrada el 9 de mayo donde un agente del Cuerpo Nacional de Policía resultó herido de gravedad en una presunta agresión y tuvo que ser operado quirúrgicamente por una fractura de peroné.

Precisamente, este viernes la Asamblea Antirrepresiva ha celebrado una manifestación en la capital jiennense contra la "represión" que, a su juicio, se está produciendo en Jaén, algo de lo que son "ejemplo" las multas a estudiantes sancionados en el marco de la jornada de huelga del sector de la enseñanza del pasado 9 de mayo, en los que uno resultó detenido.

La manifestación, que ha partido a las 20,00 horas de la plaza de San Francisco para terminar en la de las Batallas, donde se ubica la Subdelegación del Gobierno, ha contado con la participación de unas setenta personas, según fuentes de la Policía Nacional, y ha transcurrido en un ambiente pacífico.

De otro lado, el subdelegado ha señalado que, "la Policía Nacional actúa siempre para garantizar la convivencia de los ciudadanos y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales tanto de aquellas personas que desean manifestarse como las que no".

En este sentido, ha insistido en "la necesidad de cumplir con la normativa vigente cuando un particular o colectivo decida hacer uso del derecho de manifestación", para lo que "solo se les exige el requisito de comunicar el lugar, el recorrido y la hora de la protesta con diez días de antelación a las autoridades administrativas".

Lillo ha recordado que "el objetivo de esta norma, como saben todos los ciudadanos, no es otra sino la de armonizar el derecho constitucional de manifestación y la libertad de expresión junto con los derechos de aquellos que no desean manifestarse". De esta forma, las FCSE trabajan para que "no se produzcan alteraciones del orden público ni menoscabo de los derechos de los demás", ha concluido.