La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso que el PP-A interpuso contra la decisión de la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de admitir el recurso que la Junta interpuso contra el auto en el que imputaba a 20 cargos o exaltos cargos, aunque no se ha pronunciado sobre la petición que también hacían los 'populares' en el mismo escrito para que se expulse a la Junta como acusación particular en el procedimiento.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, por medio de un escrito, el Ministerio Público se opone al recurso presentado por el PP, aunque "no entra en el fondo" y, por tanto, "no se pronuncia" sobre la petición de expulsar a la Administración autonómica como acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta.

Fue el pasado día 24 de julio cuando el gabinete jurídico del PP recurrió la decisión de la magistrada de admitir el recurso de la Junta, en un escrito en el que criticaba que la Junta "ha venido obstruyendo reiteradamente la investigación judicial, retrasando la entrega de documentación hasta fechas recientes e incluso planteando conflictos de jurisdicción al negarse a entregar las actas del Consejo de Gobierno".

"Pero es ahora, cuando el Juzgado va llegando a la cúspide de la pirámide, cuando definitivamente la Junta sufre una conversión en su rol procesal y recurre" el auto del 28 de junio en el que Alaya imputaba a 20 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, todo ello "no para evitar una posible nulidad de actuaciones por indefensión de las personas llamadas como imputadas, como se dice, sino en defensa de las mismas".

A juicio del PP, todo ello "es contrario y supone un ataque a la buena fe procesal que debe regir los actos de las partes en el proceso judicial, entrañando un gravísimo fraude procesal que debe ser judicialmente evitado", punto en el que añade que "tan imposible es soplar y sorber al mismo tiempo, como tan incompatible es defender y acusar a la vez".

Al hilo, critica el PP que, al recurrir el auto de 28 de junio, la Junta "se ha erigido en defensora de sus imputados, ocupando una posición procesal incompatible con la que tiene reconocida, cual es la de acusación particular", por lo que el recurso de apelación "debió ser inadmitido de plano".

"Todo lo anteriormente expuesto debe conllevar, no sólo la estimación del presente recurso de reforma y la inadmisión del recurso de apelación" de la Junta, "sino que debe acarrear la expulsión de la Junta del presente procedimiento, siendo apartada del mismo en su condición de acusación particular por la clara, evidente y rotunda vulneración del principio de buena fe procesal exigido" por el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.