La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha iniciado este viernes una ronda de reuniones con representantes de entidades del sector de la Dependencia para abordar la situación actual y crear alianzas para afrontar el difícil momento que atraviesa el sistema de atención a las personas con dependencia. En concreto, este encuentro se ha centrado en el ámbito residencial y a él han acudido los responsables de la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD), de Lares Andalucía y de las cooperativas de economía social (Faecta).

En esta primera reunión con el sector residencial se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico que analizará la situación actual y buscará soluciones para garantizar la viabilidad de los centros y de la atención a las personas en situación de dependencia, según explica la Consejería en un comunicado.

Así, señala que Sánchez Rubio quiere mantener un diálogo fluido y leal con las entidades que trabajan en el sector de la Dependencia, con el objetivo de encontrar fórmulas para afrontar la situación en la que se encuentran las empresas prestadoras de los distintos servicios como consecuencia del desmantelamiento que el Gobierno de España está haciendo de la Ley.

La ronda de contactos abierta este viernes por la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se enmarca en el compromiso expreso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en relación a la atención a las personas dependientes como una de las prioridades del Gobierno de Andalucía, tal y como manifestó, en su discurso de investidura. La interlocución con el sector se considera vital dentro del compromiso de diálogo, participación y transparencia de la Administración autonómica.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no escatimará esfuerzos para plantear una solución a la situación actual derivada de los continuos recortes materializados por el Gobierno de España en la materia, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 214 millones de euros en dos años. En el último año el Gobierno de España ha aportado sólo el 25 por ciento de la financiación de esta ley, frente al 75 por ciento que ha soportado la comunidad autónoma andaluza cuando se trata de una normativa que fue concebida para que ambas administraciones la sufragaran a partes iguales.

Además, Andalucía soporta una exigencia en cuanto al objetivo de déficit que provoca una asfixia financiera que está ocasionando también dificultades para la incorporación de nuevos beneficiarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

El Gobierno de Andalucía ha defendido y creído en esta normativa desde su aprobación ya que está basada en la igualdad de oportunidades, la justicia social y la protección de los colectivos más vulnerables. La comunidad andaluza aglutina el 25 por ciento del conjunto de beneficiarios y de prestaciones de todo el país. Desde la Administración autonómica no se van a escatimar esfuerzos para preservar este derecho.